De esta manera el máximo tribunal denegó un recurso de apelación presentado por la defensa de los miembros de ese cuerpo represivo, quienes tendrán que cumplir entre 15 y 10 años de prisión.
Los hechos ocurrieron en julio de 1974 en las comunas capitalinas de Estación Central y San Joaquín, donde fueron secuestrados Enrique Segundo Toro, Enrique Eduardo Lara y José Caupolicán Villaga, los tres miembros del Partido Comunista de Chile, en ese momento en la clandestinidad.
El crimen formó parte de la Operación Colombo, dirigida por la DINA con el propósito de eliminar a opositores al régimen golpista y hacerlos aparecer como muertos en combate en países vecinos o víctimas de disputas internas entre las organizaciones de izquierda.
Fueron 119 los desaparecidos durante este operativo, entre ellos 19 mujeres y la mayoría eran del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y otros que militaban en los partidos Comunista, Socialista y Demócrata Cristiano, o en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).
El complot se montó para tratar de detener o desvirtuar las crecientes denuncias internacionales por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Chile tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende.
La Operación Colombo se extendió desde el 27 de mayo de 1974 hasta el 20 de febrero del año siguiente, cuando ya era evidente que se trataba de una cortina de humo para encubrir los crímenes de la dictadura.
En su ejecución tuvo un papel activo la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, así como varios medios de comunicación chilenos que dieron resonancia a los comunicados oficiales sobre supuestos opositores muertos en el extranjero o asesinados por sus propios compañeros.
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