“No permitiremos ningún tipo de amenaza, amedrentamiento e intentos de desestabilización contra autoridades electas. Planteamos al Comité Interinstitucional dos propuestas para el Censo y estamos a la espera de su respuesta para solucionar el conflicto”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Su referencia a las amenazas guarda relación con los intentos de desestabilización contra la alcaldía de Puerto Quijarro, donde grupos paramilitares exigen mediante la violencia la renuncia del burgomaestre afiliado al Movimiento al Socialismo, Luis Chamby.
En ese territorio los grupos de choque subordinados al gobernador, Luis Fernando Camacho, y al cívico Rómulo Calvo asesinaron hace una semana a garrotazos al obrero Juan Pablo Taborga por su oposición al paro.
Arce destacó el compromiso democrático de los participantes la víspera en el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, efectuado en Cochabamba.
Sobre sus resultados subrayó que se plantearon dos propuestas para resolver el conflicto en Santa Cruz, por lo que se espera la posición del llamado Comité Interinstitucional que impone el paro por tiempo indefinido, convertido en realidad en un bloqueo matizado por actos de violencia, vandalismo y extorsión.
En la reunión de Cochabamba participaron más de 300 autoridades electas, entre ellas ocho gobernadores, y rectores de las diez universidades públicas, lo cual evidenció el aislamiento de Camacho y sus seguidores de la élite cruceña.
Los asistentes coincidieron en dos propuestas para la solución del conflicto: el censo en abril de 2024 y redistribución de recursos de coparticipación tributaria en octubre de ese mismo año, y una mesa técnica –con presencia del Instituto Nacional de Estadística, el llamado Comité Interinstitucional y organismos internacionales- para definir la fecha de realización.
El sábado 22 comenzó el llamado paro en Santa Cruz convocado por Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.
La autoridad universitaria estuvo ayer en la cita de Cochabamba, pero no fijó ninguna posición sobre las propuestas porque según expresó, la decisión debe ser tomada y publicada por Camacho y Calvo.
En este contexto, Camacho instigó a su tropa de choque a ampliar sus acciones violentas para imponer el paro en barrios populares que reclaman su derecho constitucional al trabajo y a la libre modalidad en barrios populares como el Plan 300.
Al conocer que su exigencia de “Censo 2023 sí o sí” no fue aceptada en Cochabamba, Camacho asumió una postura más radical y anunció movilizaciones por “el federalismo”, un nuevo “pacto fiscal” y “nuevo padrón electoral”.
Esta postura tiene como antecedentes acontecimientos que derivaron en violencia extrema como la contratación de terroristas croatas en 2008-2009 con intenciones separatistas y el golpe de Estado de 2019, que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales.
A diferencia de hace tres años, los sectores populares impedidos de buscar el sustento diario y asediados por los paramilitares de Camacho permanecen movilizados en bloqueos que impiden el funcionamiento de corporaciones pertenecientes al gran empresariado cruceño.
Esta situación provocó quejas de sectores de la burguesía que en el pasado estuvieron aliadas a Camacho y que hasta ahora hacían funcionar sus negocios con el beneplácito del Comité Cívico, un ejemplo es la Asociación de Surtidores de Santa Cruz, que e declaró en emergencia.
“Se insta a las autoridades, en especial al ente regulador, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que por mandato de la ley es el encargado de supervisar, fiscalizar y garantizar el normal y continuo abastecimiento de combustibles en el mercado interno”, expresó en un comunicado.
Al romper el silencio sobre el paro, los grandes distribuidores pidieron que se “realicen las acciones que correspondan para garantizar el abastecimiento de combustible en todo el departamento”.
mv/jpm
