El editorial sale a colación por el anuncio del Departamento de Defensa de Washington y la cancillería de Islamabad sobre la liberación del ciudadano paquistaní Sifullah Paracha, de 75 años, quien durante 17 años permaneció recluido en ese campo de concentración.
El recién liberado era empresario, residía en Estados Unidos y fue secuestrado en 2003 en Tailandia por la sospecha de que había fungido como “facilitador” de la organización fundamentalista Al Qaeda, pues ayudó en una transacción financiera a dos acusados de la conspiración en los atentados del 11 de septiembre dos años antes en Nueva York y Washington.
Desde 2004 permaneció encarcelado en Guantánamo sin que ninguna autoridad de la potencia vecina le fincara cargos. Aunque su excarcelación fue aprobada en mayo del año pasado, no fue sino hasta ayer que logró quedar en libertad, luego que el Departamento de Defensa notificó que el paquistaní “no es una amenaza”.
El caso de Paracha, dice La Jornada, es emblemático del agravio que la cárcel de Guantánamo representa para la legalidad y los derechos humanos.
De acuerdo con leyes aprobadas durante el gobierno de George W. Bush (2000-2008), Estados Unidos no reconoce derecho alguno a quienes considera “combatientes enemigos”, ni siquiera los que la Convención de Ginebra otorga a los prisioneros de guerra, y puede mantenerlos en Guantánamo por tiempo indefinido, someterlos a tortura y tratos inhumanos y degradantes.
La prisión del enclave es solo una de las expresiones de la degradación institucional y moral que ha dejado en Estados Unidos la “guerra contra el terrorismo”, al amparo de la cual Washington instauró decenas de prisiones clandestinas en Europa, Asia y África.
Además, torturó y asesinó a prisioneros y generó un gravísimo retroceso en la vigencia de los derechos humanos en el mundo y en el propio territorio estadunidense.
Añade el diario que unos 800 individuos –todos hombres y todos islámicos– han sido recluidos en ese campo de concentración en el Caribe.
Se denuncia que 17 eran menores de edad en el momento de su secuestro y que más de 85 por ciento de los detenidos transferidos desde Guantánamo (hacia otras cárceles) en la administración de Barack Obama (2008-2016) ni siquiera eran sospechosos.
En la actualidad, cerca de una cuarentena de personas permanece en el campo de concentración, lo que constituye para todo efecto legal un prolongado e inhumano secuestro masivo.
Obama llegó a la Casa Blanca en 2008 con la promesa de cerrar Guantánamo, pero no lo consiguió. El republicano Donald Trump (2016-2020) ni siquiera se manifestó al respecto y el actual presidente estadunidense, Joe Biden, no muestra voluntad alguna de poner fin a esa atrocidad.
Debe hacerlo a la brevedad, porque el campo de concentración estadunidense es un insulto a la legalidad, al imperio del derecho y a la humanidad, finaliza el periódico mexicano.
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