“La despolitización del Censo es la condición democrática ineludible para avanzar y superar los caprichos sectoriales que conducen a un paro, que castiga a un pueblo, perjudica a un departamento y atenta contra el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos como es la libre circulación, acceso a la salud y educación”, aseguró en su cuenta de Twitter.
Insistió Rodríguez en que no se puede condenar a todo un pueblo por la actitud irracional de quienes dirigen este conflicto de manera irresponsable.
“Santa Cruz no está viviendo un paro cívico -aclaró el legislador-, sino un bloqueo violento con afectación directa a todo un pueblo humilde, trabajador, productivo y emprendedor”.
El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el cívico Rómulo Calvo imponen un paro desde el 22 de octubre y que hasta este lunes se caracterizó por hechos de violencia, racismo y extorsión.
Un trabajador opuesto al paro por tiempo indefinido, Juan Pablo Taborga, fue asesinada a garrotazos en Puerto Quijarro apenas comenzó esa medida de presión.
Otra persona permanece ingresada en estado de coma por intentar rebasar un punto de bloqueo, mientras que una serie de ataques y enfrentamientos fueron provocados en el barrio conocido como Plan 3000 y otras zonas donde la población reclamaba su derecho constitucional a la movilidad y el trabajo.
El canal estatal Bolivia Tv mostró como en la zona de Concepción el subgobernador Daniel Velásquez y una turba paramilitar agredieron a indígenas ayoreos que rechazaban el paro.
Látigo en mano, Velázquez instó al frente de sus seguidores a expulsarlos del territorio del que son originarios porque según él asumen una actitud “vandálica” y los llamó “lacra”.
El líder senatorial llamó al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, a Calvo y a Camacho a recurrir al diálogo como la vía indicada para buscar la respuesta a su demanda.
Reiteró que, sin condicionamientos, deben debatir técnicamente acerca del censo con las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y del Ministerio de Planificación para llegar a un acuerdo con bases “técnicas”.
Críticas a Camacho y sus seguidores por imponer una “dictadura cívica” expresaron la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y la Organización Pro Derechos Humanos del país.
Un criterio similar vertió la víspera en su homilía dominical el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, aliado de Camacho en 2019 durante las revueltas que provocaron la renuncia del exmandatario constitucional Evo Morales.
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