Dos semanas después del llamado gubernamental a entablar una mesa de pláticas sin previas exigencias, el Comité Interinstitucional cruceño pidió la víspera que se convoque a conversaciones en cualquier lugar de inmediato “para evitar el derramamiento de sangre”.
Tras una reunión con el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, expresó esa petición ante representantes de medios periodísticos.
Cuéllar encabeza junto al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el más violento paro y bloqueo en la capital oriental con la exigencia de “Censo 2023, sí o sí”.
En igual sentido se pronunció en declaraciones a varios canales de televisión el cívico Calvo, quien al renunciar a los “condicionamientos” entró en aparente contradicción con Camacho.
Durante una reunión con grupos paramilitares al servicio del Comité Cívico el sábado último, el gobernador advirtió que quien ceda sobre la exigencia del ejercicio censal en 2023 está condenado a “muerte civil” en Santa Cruz y se le considera un vendido al Gobierno del presidente, Luis Arce.
Jorge Richter, vocero presidencial, declaró a la televisión el 17 de octubre último, que el diálogo se podía instalar de manera inmediata. La oferta fue rechazada desde un inicio y en reiteradas oportunidades hasta llegar a la escalada en que los paramilitares mataron a garrotazos en Puerto Quijarro al soldador mecánico Julio Pablo Taborga, hirieron de gravedad a varias personas y estuvieron a punto de provocar una tragedia en la base de combustible de Palmasola con el disparo de bengalas.
De su lado, el Gobierno cedió a exigencias del Comité Interinstitucional como ir a dialogar en Santa Cruz y transmitir los debates en directo por la Televisión Universitaria.
Ante la ruptura de ese diálogo por la retirada de Camacho, con posterioridad organizó en Cochabamba el Encuentro Nacional por el Censo con Consenso, al que asistieron más de 300 autoridades electas y rectores de todas las universidades públicas bolivianas.
La propuesta de Cuéllar y Calvo ocurrió en momentos en que miembros de organizaciones sociales cansados de no poder trabajar ni de desplazarse libremente se dirigen al centro de la ciudad desde sus cuatro puntos cardinales con la exigencia de que Camacho renuncie o se someta a un revocatorio.
Paralelamente, asambleístas cruceños de la bancada del Movimiento al Socialismo presentaron hoy ante la Fiscalía una querella judicial contra Camacho por incumplimiento de deberes.
mv/jpm
