El secretario del Tesoro de la nación, Joao Nuno Mendes, acotó que la medida aplicará a los hogares cuyos préstamos totales superen el 36 por ciento de sus ingresos netos, y a aquellos cuyo ratio de deuda sobre ingresos aumenta en cinco puntos porcentuales en comparación con el actual.
Especialistas del sector destacaron que la medida gubernamental intenta ofrecer mejores condiciones financieras a los ciudadanos, con el objetivo de hacerle frente a la subida de los tipos de interés bancarios y evitar el impago.
Los bancos tienen 45 días para identificar a las familias afectadas y avanzar en las negociaciones para ampliar el plazo del préstamo hipotecario, efectuar un nuevo préstamo más favorable o reducir el tipo de interés durante un período de tiempo, detalló el secretario del Tesoro portugués.
Asimismo, acerca de la norma (que estará vigente hasta finales de 2023), el representante gubernamental subrayó que constituye una iniciativa esencial para aquellas familias en dificultades que podrían incumplir los pagos, algo que no interesa a nadie, incluidos los propios bancos.
En ese sentido, los analistas recordaron que las instituciones financieras portuguesas todavía arrastran los efectos de un pico de préstamos morosos tras la crisis económica y de deuda del país en el periodo 2010-2013.
Los expertos apuntaron que hasta junio de 2022 los préstamos morosos presentan una reducción de 11 mil 400 millones de euros, desde un máximo de 50 mil millones de euros en junio de 2016.
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