La normativa también permitirá a los ciudadanos tener acceso a información de este sector como un derecho fundamental.
Petro explicó que con esta Ley de la República se establecen unos criterios de protección para los activistas y para los defensores del medio ambiente en el país.
La norma contiene mecanismos de participación de la sociedad en las decisiones, en donde también se afecta al medio ambiente y, en su opinión, «le da poder a la ciudadanía, en función de la defensa de la naturaleza, de la defensa del planeta, de la defensa de la vida».
Se trata del primer tratado internacional de la región de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente, y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente, ratificado por 14 países.
Sus tres pilares son los del Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
Colombia sigue hoy entre los primeros países en el mundo con más asesinatos de líderes ambientalistas y, aunque pasó del primero al segundo lugar en la luctuosa lista, estos crímenes constituyen un asunto pendiente.
En 2021, asesinaron en esta nación a 33 defensores del medio ambiente, de los cuales 16 formaban parte de comunidades indígenas, señaló el más reciente informe de la organización no gubernamental (ONG) Global Witness.
De esas 33 muertes, 27 estuvieron relacionadas con la protección de la tierra y seis con la lucha contra la expansión de cultivos ilegales.
Los ambientalistas mueren en general en un escenario marcado por ataques de gobiernos, empresas y otros actores no estatales y más de tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en América Latina, detalló la ONG.
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