Así lo consigna el Plan Nacional de Inteligencia 2022, que fue puesto a consideración de una comisión bilateral de legisladores de forma reservada, pero trascendió a la prensa, lo cual es hoy objeto de investigación.
El informe había sido presentado por el director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé en una sesión secreta del Parlamento.
El documento indica la necesidad de recolectar información sobre los ciberdelitos o bioseguridad, dice el diario El Observador, que tuvo acceso al sensible texto.
La filtración del plan fue considerada por el presidente Luis Lacalle Pou como un «sabotaje».
Las prioridades planteadas prevén que algunos organismos del Estado, sobre todo aquellos vinculados a la Policía, se encarguen de recolectar información.
Pero también que el Ministerio de Relaciones Exteriores colabore con la recolección, así como el de Defensa Nacional, el de Industrias, el de Economía y Finanzas (a través de la Dirección Nacional de Aduanas).
También incorpora en la tarea a la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, el Banco Central del Uruguay, la Junta Nacional de Drogas y la Agencia para el Desarrollo de la Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información.
A la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, se le instruye investigar «indicios de actividades precursoras de acciones terroristas en el país o en zonas que afecten los intereses nacionales».
También recolectar datos sobre personas u organizaciones «cuya prédica y acción sean contrarias al Estado de Derecho».
Apunta además a los grupos o personas que «inciten a la violencia», así como a los «hechos que puedan generar violencia» y la «usurpación de los espacios públicos o privados».
El documento establece la necesidad de detectar amenazas dirigidas al «personal de las fuerzas de seguridad del Estado», pero también el tráfico ilegal de armas y estupefacientes, el lavado de activos, así como la «sustracción de explosivos y de armas».
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