Durante una rueda de prensa en esta capital representantes de esos grupos conversaron con la prensa local sobre lo que representa la justicia transicional e impunidad en El Salvador, donde entre otros casos se ventilan crímenes como los de El Mozote y el de cuatro periodistas de Países Bajos asesinados durante la guerra.
Integrantes de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), entre ellos víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado y representantes de estos, reafirmaron que «en el país mientras el Estado ignore a las víctimas, mientras el Estado siga cometiendo barbaries, la impunidad va a seguir perenne».
El presidente-director de la Fundación Comunicándonos, Oscar Pérez, el director de la Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, la abogada de Cristosal, Irene Gómez, del Comité de Ex-presas y presos políticos de El Salvador (COPPES), Rafael Segura y Milagro de Peña «Madre Vicky», presidenta del Comité de Madres de El salvador (COMADRES) expresaron sus ideas a la prensa.
Estamos luchando por que el gobierno nos dé una respuesta, dijo Madre Vicky, mientras Pérez profundizó sobre el caso de los cuatro periodistas holandeses asesinados en 1982 por el Batallón Atonal de la Fuerza Armada.
El presidente-director de la Fundación Comunicándonos indicó que ya hay una difusión roja para la captura y extradición del coronel Reyes Mena, quien vive en Virginia y es señalado como autor intelectual del crimen.
Mientras Gómez destacó cómo en el caso de El Mozote el general y exministro de Defensa José Guillermo García maniobra para evitar las audiencias acusatorias y dilata el proceso.
Sobre el tema de la ley de justicia transicional, los ponentes concluyeron que el Estado no tiene la voluntad política para formular y aprobar una norma que tenga en el centro a las víctimas, a pesar de que así lo prometió el órgano legislador.
En el encuentro los ponentes coincidieron en que la ley de justicia transicional no solo beneficiaría a las víctimas del conflicto armado, sino a toda la sociedad, pues las medidas para garantizar que los crímenes del conflicto armado no vuelvan a suceder es pertinente para todas las instituciones del país.
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