Se trata del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de pueblos indígenas y tribales a mantener y fortalecer culturas, territorios ancestrales y a participar en decisiones que les afecten.
Ese compromiso data de 1989 sin el visto bueno de ningún gobierno de este país sudamericano, el único junto a Surinam que no lo ha ratificado en el continente.
Comprometerse entraña cambios en la legislación nacional.
El tema fue tratado en el Parlamento y el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero señaló la falta de consenso.
Como parte de la implementación el Estado tendría que designar si hay reclamos de comunidades originarias, en particular relativas a territorios.
Obligaría además a identificar las tierras que los pueblos ocupaban tradicionalmente y a garantizar que puedan habitarlas y realizar sus actividades tradicionales y de “subsistencia”.
Según el rotativo La Diaria, integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos advirtieron a los parlamentarios que podría reclamarse “el derecho a vivir en territorios”.
Pero el frentamplista Otero, “nada indica que por ratificar va a venir un reclamo de tierras ni mucho menos”.
Fue un razonamiento que también manifestó el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), que a su vez demanda la rúbrica del convenio y el reconocimiento a los pueblos indígenas en Uruguay.
Resulta una manera de restituir los derechos humanos a un sector de la población que por cuestiones históricas ha sufrido el despojo y, como consecuencia, padecemos desigualdades sociales y económicas”, manifestó entonces Mónica Michelena, de Conacha.
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había expuesto ante los legisladores la integrante de Conacha Mónica Michelena. “Es un instrumento importante en la lucha contra el racismo hacia los pueblos indígenas”, añadió.
El legislador frenteamplista sostuvo que él es partidario de que el convenio se ratifique porque cree que hay un aspecto patrimonial “intangible” que es “absolutamente necesario y a favor de nuestra historia”. Asimismo, dijo que el Estado tiene que “velar” por las lenguas nativas, y puso el ejemplo del chaná, la lengua charrúa. “Hay que ver qué tipo de patrimonio está hoy solicitando la Conacha. El chaná está totalmente recuperado y se sabe que se hablaba acá”, expuso, y agregó que el “mayor exterminio” de los pueblos originarios fue “cómo nos educaron generación tras generación: se decía que acá no hay indios; el tema ha sido muy subestimado”, indicó.
En tanto, desde el oficialismo, si bien entienden que es un reclamo “justo” el que refiere al reconocimiento de los pueblos originarios, no están de acuerdo con que el Estado esté obligado a expropiar tierras para dárselas a las comunidades que justifiquen que estuvieron sus ancestros allí.
Según explicó a la diaria un legislador de la coalición, ante una eventual aprobación puede haber “consecuencias en el ordenamiento jurídico”. “Si no se cumple hay otros mecanismos como para hacerlos cumplir a nivel internacional, como la denuncia. El gran meollo o traba es en el tema que dice que hay que reconocerles las tierras”, agregó, y dijo que entiende, al igual que lo consideró la cancillería, que eso es “inaplicable”, por lo que puso en duda que a la ratificación se le dé andamiaje.
