El ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, acusó a la CPS de ser “una organización con fines políticos”.
Además le endilgó falta de transparencia y números inflados, e incluso envió a la Fiscalía información “considerando especialmente los hechos con apariencia delictiva que surgen”.
Por su parte la Coordinadora ripostó que continuará con su labor social y subrayó que rechazan «las amenazas y las mentiras”.
“Esta operación que se ensaña con las ollas y merenderos populares organizados, que se ha valido de engaños, mala fe en el uso de datos y burdos montajes, agrega en estas horas un capítulo vergonzoso que deja al descubierto una estrategia de acoso» agregó la CPS.
Añadió que la ofensiva gubernamental se explica por la necesidad de «tapar problemas graves de las autoridades en su gestión y el odio profundo a cualquier proceso de organización social, autónoma y popular”, según comunicado divulgado aquí.
El Mides aduce en su acusación ollas inexistentes, y puso en dudas iniciativas de la organización social, que presta servicios en comunidades y para personas en situación de vulnerabilidad alimentaria.
Como parte de la controversia el gobierno uruguayo, a través de las fuerzas armadas, se hizo cargo del suministro de alimentos en algunos de esos puntos de expendio populares de alimentos.
La CPS negó ser intermediaria en el asunto y reiteró que la coordinadora se compone y nutre de vecinos que deciden llevar adelante las ollas y merenderos para la población.
La controversia tiene lugar cuando la organización no gubernamental Techo, que opera en varios países de la región, incluido Uruguay, afirmó en reciente informe que las necesidades alimentarias constituyen un asunto insatisfecho en asentamientos de esta capital.
Un estudio de la ONG divulgado aquí insta a una mayor participación del Estado en el aseguramiento de merenderos y ollas populares «que hoy día garantizan la alimentación de familias».
Tal conclusión es parte de un informe levantado entre la población de 55 asentamientos pobres de Montevideo.
El reporte identificó una percepción generalizada «de empeoramiento en la situación económica y laboral» en esas comunidades.
Entre las principales necesidades destacan las económicas y de acceso a bienes primarios, en primer lugar alimentos. Le siguen fuentes de empleo y agua potable y saneamiento, entre las más mencionadas por pobladores encuestados.
En el marco de una creciente preocupación por factores económicos, resolver el acceso a una alimentación adecuada se percibe como prioritario, y resulta clave el rol de las ollas populares y merenderos, subrayó Techo.
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