“La posibilidad de hacer un paro está descartada, pero sí vamos a asumir acciones vigilantes al tema del censo”, afirmó el burgomaestre aliado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde los días del golpe de Estado de 2019 que derrocó al expresidente Evo Morales.
El exministro de Obras Públicas del gobierno de facto de Jeanine Áñez emitió estas declaraciones tras concluir la denominada Asamblea de la Paceñidad, en la cual se analizó la exigencia cruceña a los otros departamentos de Bolivia de sumarse a las demandas antigubernamentales de Santa Cruz.
Al referirse al tema, el presidente del Comité Cívico de La Paz, Flavio Chacón, rechazó sumarse al paro nacional convocado por los cívicos cruceños, e igualmente se resistió a obedecer las instrucciones de movilizarse en apoyo a una posible federalización, aprobada la víspera en un cabildo.
«Nosotros consideramos que el tema del censo ya ha sido resuelto, La Paz no se suma a nada (…), ante una petición política de ir hacia un Estado federalista, tenemos que primero consolidar un sistema autonómico y ver ahí lo que verdaderamente necesitaría el pueblo boliviano”, consideró.
El texto aprobado por la Asamblea de la Paceñidad establece que los resultados preliminares y finales del censo sean entregados de manera oficial a los cinco y nueve meses de realizado el empadronamiento, respectivamente.
Agrega que la distribución de recursos económicos, transferidos desde el nivel central a entidades territoriales autónomas y universidades, en función a la población, deberá ajustarse y aplicarse en un plazo obligatorio máximo de un mes luego de la entrega de resultados preliminares del censo.
Propone también exigir que el Tribunal Supremo Electoral a partir de los resultados parciales del ejercicio censal, ejecute la actualización imparcial del Padrón Electoral y que se aplique obligatoriamente en las Elecciones Generales de 2025.
El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 4824 mediante el cual se garantiza la realización del Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos a partir de septiembre del mismo año.
Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, informó este domingo que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística remitirá los resultados del censo al Tribunal Supremo Electoral antes de diciembre de 2024 para que, de acuerdo con sus competencias y atribuciones, realice la redistribución de escaños parlamentarios.
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