En la red social Twitter, la también titular del Senado publicó el documento presentado por sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes aseguran que la solicitud de apartar a Capuchetti se debe a la falta de imparcialidad, la paralización de las investigaciones y a un cúmulo de actuaciones, como mínimo, negligentes.
El 1 de septiembre de este año, un individuo llamado Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de Fernández, pero el arma no se disparó.
El hombre, su novia Brenda Uliarte y otro sospechoso (Gabriel Carrizo) permanecen detenidos, en tanto Capuchetti se negó a analizar sus lazos con la organización ultraderechista Revolución Federal, la cual recibió financiamiento de la compañía Caputo Hermanos, cuyos dueños están relacionados con el expresidente Mauricio Macri.
Las medidas de prueba solicitadas fueron, en su enorme mayoría, rechazadas, no realizadas o llevadas a cabo tarde. (…) Nos cansamos de la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia, señala el texto.
Asimismo, indica que fue violada la cadena de custodia del celular de Sabag y el aparato fue reseteado a cero.
Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo. De hecho, en los procesamientos, la situación está completamente omitida, apunta.
También considera muy graves hechos como la demora en dar la orden para la detención de Uliarte, quien logró salir de su casa cuando debía estar vigilada de manera permanente por la Policía Federal (PFA).
Nos llama poderosamente la atención que la jueza no investigue a la PFA. Esa fuerza estaba presente el día del atentado, supuestamente perdió el contenido del celular de Sabag, tardó tres horas en interceptar las llamadas de Uliarte y la dejó escapar, señala.
Además, denuncia que el arresto de Carrizo tardó 15 días, aunque existían pruebas en su contra.
Cuando se solicitaron medidas que iban más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo, la parcialidad fue evidente, asevera el texto.
En ese sentido, cuestiona que Capuchetti decidiera no seguir indagando sobre los vínculos de los detenidos con agrupaciones como Nuevo Centro Derecha, relacionada con la política opositora Patricia Bullrich y el ultraderechista Javier Milei.
También critica que no ahondó en la posible implicación del diputado Gerardo Milman, a quien un testigo escuchó decir: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.
La jueza no solo no investiga, sino que toda información apta para la causa termina en otros expedientes penales. (…) En las últimas horas supimos que visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Macri, afirman los abogados.
Dicha entidad estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria (fundado por la vicepresidenta). Asimismo, la hermana de Capuchetti trabajó en escuchas contra el kirchnerismo, añade.
Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática. Necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, argumenta el texto.
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