“Nosotros desde la Asamblea Legislativa emitimos una denuncia hace unas semanas sobre el grado de racismo y violencia que se vio en el departamento de Santa Cruz, y vemos con beneplácito el pronunciamiento de las Naciones Unidas (ONU) sobre la necesidad de que se investiguen todos estos actos ilegales”, declaró Mamani.
La legisladora insistió en que en el contexto de esas pesquisas el Ministerio Público y los tribunales deben actuar con rigurosidad en la aplicación de la ley para que crímenes como los registrados en el departamento cruceño en las últimas semanas no se repitan.
Con la consigna de «Censo 2023 sí o si», un Comité Interinstitucional convocó a esa medida de fuerza.
Una condena a esos excesos publicó la víspera la Misión Técnica en el país altiplánico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El comunicado llamó a la responsabilidad de todos los actores para asegurar el respeto y goce de los derechos humanos en el contexto de la medida de fuerza con bloqueos que en 25 días provocaron cuatro muertes, cientos de heridos, una acusación de violación múltiple a una menor de edad, agresiones racistas y el incendio y saqueo de inmuebles de organizaciones sociales.
Reconoce el documento el derecho a reunión y la protesta, sin embargo, advierte que ese ejercicio no puede limitar los de otras personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Señala el texto que la pérdida de vidas, los daños a la integridad física de cientos de personas y a la propiedad, así como ataques a instituciones y organizaciones sociales, son inaceptables y no pueden repetirse.
“La denuncia de una violación sexual colectiva de una mujer por un grupo de manifestantes debe ser investigada de manera efectiva y con prontitud”, reclama el pronunciamiento.
En alusión a las expresiones de racismo y discriminación registradas en el municipio cruceño de Concepción contra mujeres indígenas ayoreas, acota el compromiso de cada Gobierno de evitar ese tipo de acciones.
Adicionalmente, enfatiza en la importancia de proteger la labor de las y los trabajadores de medios de comunicación, garantizar el respeto al debido proceso en casos de detenciones, y de asegurar el respeto de los estándares internacionales por parte de las fuerzas policiales.
“La Defensoría del Pueblo tiene una responsabilidad clave en la promoción y protección de los derechos humanos en el país”, concluye el documento de la Oficina del Alto Comisionado.
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