El submarino, de fabricación alemana, partió desde la sureña ciudad de Ushuaia y perdió el contacto con la Armada el 15 de noviembre de 2017.
Fue buscado durante los primeros días en una operación que incluyó el empleo de tecnología de avanzada y la participación de 15 países, tras lo cual se contrató a la empresa Ocean Infinity, que finalmente dio con su paradero un año después.
Los familiares de los 44 oficiales fallecidos en ese hecho denunciaron a Macri por presunto espionaje contra ellos mientras aguardaban por noticias de sus seres queridos.
En julio pasado los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Brugli, de la Cámara Federal porteña, decidieron poner fin al proceso, pese a la existencia de pruebas y, además del ex jefe de Estado, fueron absueltos 12 miembros de la Agencia Federal de Inteligencia implicados en el caso.
Según la agencia de noticias Télam, Pleé planteó que dicha decisión debe ser revocada porque tuvo una «fundamentación aparente» y resultó prematura.
Bertuzzi, Llorens y Brugli señalaron en aquel entonces que no hubo delito por tratarse de presuntas tareas de inteligencia justificadas por la necesidad de garantizar la protección del entonces Presidente.
Sin embargo, el fiscal explicó que no se logró acreditar que fueran acciones para neutralizar riesgo de seguridad alguno.
No señalaron motivos que permitan tener por cierto que existía un peligro seria para el edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad durante las convocatorias de los familiares de los 44 tripulantes fallecidos, indicó.
Además, apuntó que fue violada la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.
Fueron vulneradas la intimidad y privacidad de personas que tan solo se encontraban reunidas para pedir el descubrimiento de la verdad sobre hechos que llevaron a la muerte a familiares directos o allegados, apuntó.
La decisión de sobreseimiento resulta anticipada, pues existen medidas pendientes de realización, de modo que se torna patente la arbitrariedad señalada, afirmó.
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