El alto funcionario informó de forma virtual al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que comenzó esta semana su 75 periodo de sesiones en Ginebra, Suiza.
Reyes reajustó estimados anteriores sobre el número de delincuentes que integran esos grupos criminales, que según una cifra proporcionada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, a Prensa Latina en septiembre de este año, era de cerca de 76 mil.
La nueva estadística citada revela que existen alrededor de 77 mil miembros de la Mara Salvatrucha (M-13), unos 21 mil afiliados a los “18 sureños” y al menos 20 mil más que delinquen como “18 revolucionarios”, lo cual elevaría la suma hasta cerca de 118 mil terroristas, como los denominan las autoridades gubernamentales.
El jefe policial explicó que existen pandilleros en 14 departamentos y que el 80 por ciento de los homicidios son causados por las acciones de esos individuos aunque este año ese volumen de víctimas, aseguró, se verá reducido en un 50 por ciento con relación al año anterior a causa de la ofensiva gubernamental para poner tras las rejas hasta el último miembro de las maras.
Al respecto, declaraciones de los más altos cargos del país sostienen que el régimen de excepción imperante no llegará a su fin hasta que el último de estos sujetos esté en prisión, para lo que en gobierno construye una cárcel con cerca de 40 mil capacidades.
En otra parte de sus declaraciones a la comisión el vicetitular de la PNC dijo que, desde 2019, ningún agente policial fue detenido por el delito de homicidio, aunque organizaciones comunitarias señalan que algunas de las víctimas ocurridas durante el régimen de excepción son atribuibles a los agentes del orden y la Fuerza Armada.
Como parte de su informe al foro de la ONU, Reyes detalló que bajo las medidas de excepción que suspenden varias garantías constitucionales se reportó el arresto de 57 mil 568 individuos y presuntos colaboradores, incautaron mil 837 armas de fuego, dos mil 233 vehículos, 13 mil 465 celulares fueron decomisados, además de un millón 430 mil dólares en efectivo.
En su exposición al órgano de la ONU el representante de Centros Penales del país aseguró que la tortura está prohibida y que no es aplicada en «la política penitenciaria».
Mientras, la Fiscalía detalló que hay cinco denuncias activas, aunque no detalló si estas investigaciones partieron de hechos ocurridos en el régimen de excepción.
De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, hay muchas personas detenidas de forma indiscriminada y no se siguen las reglas del debido proceso, pese a que las autoridades elevaron de tres a 15 los días en que la Fiscalía debe investigar a un sujeto y presentar acusación.
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