El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José declaró en octubre de 2019 el sobreseimiento definitivo contra el expresidente Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) por dos presuntos prevaricatos en el caso Crucitas, pero en esta ocasión la Fiscalía acusa de ese mismo delito al exministro de Ambiente Roberto Dobles y otros seis funcionarios.
En 2015, el Tribunal de Apelación de Sentencia de San José anuló, en su totalidad, la anterior decisión (tres años de cárcel para Dobles y la absolutoria para esos funcionarios) y ordenó un nuevo juicio contra todos los encartados.
Lo anterior, al estimar que la fundamentación de la sentencia, en la parte absolutoria y condenatoria, era deficiente, tanto en la exoneración de responsabilidad de unos como en la motivación de la condena de Dobles.
En ese entonces, los miembros del Tribunal de Apelación rechazaron el alegato de la defensa de Dobles de que la sentencia de la Sala Constitucional hacía cosa juzgada a su favor y que la acusación presentara deficiencias tales que impidiera un nuevo juzgamiento.
El colectivo ambientalista Bloque Verde el juicio regresa en medio de denuncias, pues no se ha podido reparar el daño que se presenta en Cutris de San Carlos por la minería ilegal.
Para el informativo digital ElPaís.cr este es uno de los casos de corrupción más importantes del país y es gracias a las denuncias por parte de organizaciones y abogados ambientalistas que el Tribunal Contencioso Administrativo en 2010 anuló la concesión otorgada a la empresa canadiense Industrias Infinito en 2008.
Asimismo, señala que el proceso judicial inicia en medio de denuncias por desobediencia al fallo de la Sala Constitucional sobre la responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de remediar ambientalmente el impacto que sufre la zona de Cutris de San Carlos por la minería ilegal.
Ello, explica, debido a un recurso de amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas desde 2019, que los magistrados declararon con lugar y obligan al Gobierno a hacer acciones para remediar el problema de la minería ilegal.
Sin embargo, ElPaís.cr sostiene que ni la administración de Carlos Alvarado (2018-2022), ni la actual de Rodrigo Chaves la han ejecutado con eficacia, y añade que el ministro de ambiente Franz Tattenbach se ha mostrado reacio a cumplir con este mandato judicial, con lo cual podría incurrir en un delito por desacato a la Sala Constitucional.
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