“Estas lógicas se han radicalizado en el discurso, se han exacerbado en la forma en las cuales han sido presentadas por el Comité Interinstitucional, hoy están entonces presos de esa radicalidad y de esa exacerbación, de esa consigna absolutamente vertical, innegociable (…), esa era la consigna del 2023”, afirmó el portavoz del presidente, Luis Arce.
Richter explicó que estos actores buscan una salida alterna, trasladando el debate a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la demanda de “censo 2023 sí o sí”, para argumentar que defendieron el pedido cruceño hasta el último momento.
Agregó el portavoz que el Comité Interinstitucional, la gente de las bancadas opositoras de Creemos y Comunidad Ciudadana tienen clara conciencia de que el proceso censal no tiene posibilidades técnicas de llevarse adelante en el año 2023.
Comentó que la población ya interpela esta medida de presión que los impulsores no pueden explicar, las pérdidas millonarias, las muertes y la “desdicha” que provocaron a millones de cruceños, por lo cual ahora pretenden salvar sus liderazgos.
“Están buscando entre otras cosas construir una salida honorable (…). Esto es una falta de coraje para decirle a los ciudadanos cruceños que forzaron un paro cuando la salida ya estaba sobre su mesa el 21 y 22 de octubre”, recordó Richter en entrevista al canal privado Cadena A.
Las encuestas realizadas esta semana indican que el 50 por ciento de la población reclama que se eliminen las medidas de fuerza, indicador que deslegitima el paro por tiempo indefinido impuesto por el gobernador, Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Recordó el portavoz presidencial que los problemas de fondo del Censo de Población y Vivienda quedaron resueltos en consenso y ahora el Gobierno nacional garantiza la fecha (23 de marzo de 2024), y sobre la base de esos datos la redistribución de los recursos tributarios a las regiones y la reasignación de los escaños legislativos.
A las pérdidas monetarias superiores a los mil millones de dólares en 33 días de paro, se sumó la violación del derecho constitucional de millones de cruceños al trabajo y la libre movilidad.
Igualmente, se registraron actos de discriminación racial, cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia por violación grupal a una mujer y la quiebra de negocios de muchos gremialistas, choferes y mototaxistas.
Sobre la base de las recomendaciones de una Comisión Técnica Plurinacional, el Gobierno fijó en el decreto Supremo 4824 para el 23 de marzo de 2024 la fecha del censo.
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