Denunció que tratan de proteger a factureros que se hicieron de forma ilegal inmensamente ricos, y en la Corte sigue habiendo, notoriamente, más impunidad y protección.
Es el caso del Poder Judicial para liberar a personas que cometen delitos y que al final de forma sorpresiva resultan inocentes y los exoneran.
Por estos motivos, advirtió, puede salir una reforma del Poder Judicial, señaló al
acusar de nueva cuenta que tiene problemas con el comportamiento de esos jueces porque siguen los «sabadazos» (decisiones adoptadas en silencio los sábados cuando no es día laboral).
La advertencia de López Obrador coincidió con la reanudación este jueves en la CSJ del tema de la prisión preventiva oficiosa, que la oposición política quiere eliminar y los magistrados no han logrado ponerse de acuerdo con la decisión que van a tomar.
Los opositores, como el magistrado Aguilar Morales, argumentan que la privación automática de la libertad de una persona acusada de algún delito es contraria a los derechos humanos.
El Gobierno señaló que son posiciones muy ambivalentes, pues al mismo tiempo admiten que la prisión preventiva oficiosa es necesaria y es una medida cautelar, muchas veces indispensable y protectora de las víctimas y de la sociedad, y aunque no se piensa ni se propone desaparecerla, debe ser una medida cuidadosa de los derechos humanos, sostuvo Aguilar Morales.
Ese magistrado también propuso invalidar la inclusión de delitos fiscales, como contrabando, defraudación y tráfico de facturas falsas, como ilícitos contra la seguridad nacional, por lo cual la prisión preventiva oficiosa dejaría de aplicarse para estos casos lo cual, según el gobierno, sería dejar viva la corrupción.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que la previsión preventiva oficiosa surge del texto constitucional para combatir los delitos graves, sobre la base de que ningún derecho humano es absoluto.
Advirtió que la CSJ no puede hacer modificaciones a la Constitución ni interpretarla de manera que sus disposiciones sean inaplicables en la práctica.
Sostuvo que eso sería como “violar una parte de la Constitución para proteger otra parte”, y que el único facultado para eliminarla de la Constitución sería el Parlamento.
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