El pasado lunes, el gobierno de Gustavo Petro, en representación del Estado, y la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pusieron en marcha la Mesa de Diálogos para buscar de manera conjunta la salida pacífica al conficto armado en esta nación.
Las conversaciones se enmarcan en la política denominada Paz Total impulsada por Petro que busca terminar la guerra en Colombia e incluye a otros actores armados como las estructuras no acogidas al Acuerdo de Paz de 2016, y a grupos vinculados al narcotráfico.
Este viernes, la dos delegaciones emitieron un comunicado desde Venezuela, donde tienen lugar las conversaciones, en el cual señalaron que, al concluir la primera semana de diálogos llegaron a tres acuerdos.
El primero se refiere a los países acompañantes y garantes; el segundo a las acciones y dinámicas humanitarias; y el tercero a las declaraciones y comunicaciones conjuntas.
Esta semana, a través de múltiples actividades, los colombianos celebraron el VI aniversario del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos, y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Sobresalió en ese contexto, la creación de la organización Renacer Para Vivir en Paz (Revipaz), conformada por víctimas del conflicto armado, acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y comparecientes de las extintas FARC-EP.
Revipaz busca la reconstrucción del tejido social a través del diálogo y la construcción de verdad, se plantea la necesidad de desarrollar proyectos productivos estables y es, además, es considerada una experiencia exitosa de justicia restaurativa en el marco de la justicia transicional.
Esta iniciativa es resultado de las justicia transicional en Colombia nacida del Acuerdo de Paz la cual busca, el perdón, la reparación y la no repetición de los hechos violentos ocurridos durante la guerra, en particular, del Caso 01 que investiga los secuestros perpetrados por las extintas guerrillas.
Este viernes también, como parte de ese proceso judicial, único de su tipo, y considerado por la ONU un referente para la solución pacífica de conflictos, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP expidió la primera Resolución de Conclusiones del Caso 01.
Los siete comparecientes, que formaban parte de la última comandancia de las FARC-EP, asumieron de manera individual y colectiva su responsabilidad como coautores de de los hechos descritos en este caso, así como su responsabilidad de mando.
La Sala sugirió para seis de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma, de ocho años, y de cinco años para el compareciente Rodrigo Granda que no tuvo mando sobre la tropa por las funciones que cumplía, y como tal no tenía responsabilidad de mando.
En cuanto a las sanciones, que no son con cárcel a diferencia de la justicia ordinaria, aprobó los proyectos restaurativos-reparadores presentados por los comparecientes como trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas.
También sistematizó 285 propuestas hechas por las víctimas directamente o a través de sus representantes, incluida la expuesta por la Procuraduría General de la Nación en un Banco de Proyectos de conocimiento de los comparecientes.
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