La alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a varios colectivos sindicales, centrales obreras y movimientos comunales, señaló que las protestas en las calles se mantendrían ante procedimientos ilegales en el proceso de regulaciones a la Caja de Seguro Social (CSS) que atraviesa una crisis financiera y estructural.
El vocero de ese colectivo, Jorge Guzmán, explicó a Prensa Latina que a falta de acuerdos sobre las propuestas de organizaciones sociales para reestructurar el diálogo sobre este asunto, la directiva de la CSS se apresta a entregar una propuesta de normas al presidente de la República que impulsa el sector privado.
En ese ente, la representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Aida Ureña, impuso en el proyecto medidas paramétricas que elevan la edad de jubilación y las cuotas de los trabajadores para pensiones, trascendió.
Guzmán recordó que en la mesa única de diálogo en la ciudad de Penonomé (Coclé), instalada en julio último con el Gobierno, funcionarios de la CSS como Edwin Salamin, su secretario general, se comprometieron a considerar las propuestas de las alianzas populares que optan por rescatar un sistema solidario y cambiar el moderador en esas pláticas.
Incumplen con estos acuerdos, dijo, como lo han hecho en todos estos meses con otros relacionados con los precios de los alimentos, medicamentos y energía eléctrica.
Por su parte, el líder sindical Mario Serrano, de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), ratificó que lo colectivos decidieron suspender el trabajo en mesas de seguimiento a los acuerdos de Penonomé sobre canasta básica, educación y medicamentos, debido a la falta de seriedad del Ejecutivo.
Todavía está por definirse el inicio de una segunda fase del diálogo nacional por Panamá que debió comenzar a finales de octubre pasado, bajo presiones de los privados en complicidad con el Gobierno, remarcó.
En los últimos siete días también sobresalieron las sesiones finales de la 19 Conferencia de las Partes (COP19) de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
En esa cumbre global, se aprobó la resolución para proteger tiburones, considerada como histórica y dirigida a frenar el comercio ilegal de aletas de tiburón, sobre todo en Asia oriental donde son codiciadas para la preparación de sopa.
La mayoría de los más de dos mil delegados de 183 paises, con reservas de la representación de Japón, acordaron regular el tráfico de 54 especies de las familias de tiburones réquiem (Carcharhinidae) y tiburones martillo (Sphynidae).
Al anunciar la medida, la panameña Shirley Binder, quien expuso la propuesta, destacó el impacto que tendría incluir a esos ejemplares, en peligro de extinción, en el Anexo II de Cites (comercio regulado) y que se estima podría ser el 90 por ciento del mercado.
Las especies con comercio prohibido están incluidas en el Anexo I de Cites, que desde su entrada en vigor 1975, ha fijado reglas de comercio internacional a más de 36 mil especies silvestres.
El plenario también aprobó por unanimidad colocar en el Anexo II a la familia de las rayas guitarra (Rhinobatidae) y a varias especies de rayas de agua dulce (Potamotrygon) y ratificó propuestas sobre cocodrilos, ranas, tortugas y otras especies de todo el mundo.
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