«Hemos aprobado una ley que esperemos contribuya al retorno de la normalidad y cese la violencia en nuestro departamento. Esperamos que hoy empiece a levantarse las medidas de presión (en Santa Cruz)», declaró Mercado tras concluir los debates pasadas las 04:00 hora local.
Denominada Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, la normativa incluye un Artículo Único y ya fue remitida por Mercado a la Cámara de Senadores.
La iniciativa legal fue aprobada en su denominada estación en grande con 92 de 119 votos, mientras que en su estación en detalle recibió 91 de las 119 boletas.
En ambos casos las decisiones en contra fueron de 23 y 25, respectivamente. En resumen, el respaldo fue superior a los dos tercios del apoyo de los diputados oficialistas y opositores.
Su Artículo Único expresa que sobre la base de los datos oficiales del ejercicio censal emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Órganon Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria en septiembre de 2024.
Añade que el INE remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda conforme a la fecha antes mencionada, para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, “conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente”.
Establece el texto que esos resultados se aplicarán en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Los oradores del Movimiento Al Socialismo coincidieron durante la plenaria en que no se requería una ley para el censo, porque era suficiente, en apego a las competencias exclusivas del Ejecutivo, el decreto 4824 aprobado por el mandatario, Luis Arce.
El texto fijó, sobre la base de un estudio técnico, para el 23 de marzo de 2024 el ejercicio censal y para septiembre de ese año la redistribución de recursos de coparticipación.
Igualmente, el Gobierno también se comprometió a entregar al poder electoral en septiembre de 2024 los datos censales para la reasignación de los escaños legislativos.
Las opositoras fuerzas Creemos y Comunidad Ciudadana claudicaron en su exigencia de “censo 2023 sí o sí”.
Con esa actitud cumplieron el pedido de Camacho, después que junto al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, y los cívicos admitieron que no era viable el censo en 2023 y optaban por respaldar la propuesta del Gobierno, presentada desde el 22 de octubre, en el primer día del paro indefinido.
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