En un artículo publicado en sus redes sociales, la también titular del Senado desmintió las falsedades empleadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para acusar de asociación ilícita al Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos mandatos ejercidos por ella (2007-2015).
Como parte del proceso, fueron solicitados 12 años en prisión para la vicemandataria y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz, acusaciones que la ex jefa de Estado rechazó.
Entre los argumentos falsos usados por los fiscales mencionó la asignación de fondos de manera ilegal; irregularidades en la elaboración de los presupuestos; la presión sobre legisladores para aprobar esas normas y el uso de decisiones administrativas, cuya competencia corresponde al jefe de Gabinete, para redireccionar recursos económicos.
Fernández también indicó que Luciani y Mola mintieron sobre el presunto desconocimiento por el Congreso sobre el destino de las partidas presupuestarias, la existencia de relaciones comerciales con ganancias ilegales, la demora o abandono de las obras, la falta de controles, el beneficio del empresario Lázaro Báez y el pago de sobreprecios millonarios.
Las decisiones sobre inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución, explicó la vicemandataria.
Las obras en Santa Cruz se justificaban por el déficit que presentaba su red vial en 2003, así como por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía. Ninguna de ellas resultó improductiva o innecesaria, añadió.
Además, precisó que en el juicio fue demostrado que los procesos de elaboración de los proyectos de presupuesto cumplieron con los controles legales y financieros y contaron con la intervención de las oficinas competentes.
Jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente esas leyes. También quedó acreditado que nunca hubo partidas destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular, aseveró.
Fernández afirmó que los ex jefes de Gabinete declararon bajo juramento que jamás recibieron instrucciones suyas o de su esposo para direccionar recursos con el objetivo de financiar proyectos de ese tipo.
Los contratos que enumera la Fiscalía como prueba de un delito fueron denunciados años antes y la justicia determinó que no constituyen ilícito alguno. La lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad con Báez, apuntó.
Asimismo, señaló que la Presidencia no tiene competencia en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos investigados ni en ningún otro realizado en esos años.
Se demostró que las demoras registradas en las obras estaban justificadas y las mismas fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado, explicó.
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