En agosto, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para la vicemandataria y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.
La ex jefa de Estado rechazó las acusaciones en su contra, denunció la obstaculización de su defensa y la realización de un juicio contra el peronismo, los gobiernos populares, y quienes pelean por la memoria, la verdad, la justicia y los derechos ciudadanos.
Durante una transmisión en vivo, Fernández recordó que en 2015 una corte de Santa Cruz sobreseyó la causa por inexistencia de corrupción u otro delito y demostró los vínculos existentes entre jueces, fiscales, empresarios, funcionarios y el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).
Nada de lo que dijeron fue probado. Además, se comprobó que todo era exactamente al revés y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los más de 100 testigos citados por el Ministerio Público, añadió.
Por otra parte, la también presidenta del Senado afirmó que, durante los últimos años, fueron reveladas acciones de extorsión, espionaje, persecución de líderes sindicales y manipulación, impulsadas por el macrismo.
En América Latina ya no hay partidos militares, pero sí uno judicial. El lawfare (guerra jurídica) en Ecuador, Bolivia y Brasil es para desplazar, estigmatizar y anular a los gobiernos populares. En Argentina, van un paso más allá y protegen a los que verdaderamente roban en el país, afirmó.
Asimismo, indicó que el período que le piden en prisión es por los 12 años de mandato de Néstor Kirchner y de ella (2003-2015), “los mejores gobiernos que tuvo Argentina en las últimas décadas”.
Por eso me van a estigmatizar y condenar, pero si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo, dijo.
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