Tras revelaciones realizadas por el diario Página 12 y conversaciones filtradas por otras plataformas, se conoció que esas personas pasaron un fin de semana en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, alojadas en una mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de la Patagonia.
Los mensajes y audios de un chat en la red de mensajería Telegram fueron divulgados por Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna, y en ellos los implicados analizan cómo ocultar los motivos y las condiciones del viaje.
Entre los participantes en la reunión se encuentran los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el ministro de Seguridad de esta capital, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la Secretaría de Inteligencia, Tomás Reinke; el también integrante de ese organismo, Leonardo Bergot; y empresarios del grupo Clarín.
Repudiamos y exigimos una inmediata indagación y condena de esos hechos. Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que, con prácticas mafiosas, están hiriendo de muerte a la democracia argentina, señalaron los senadores y diputados en un comunicado.
Jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución a la vicepresidenta Cristina Fernández y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra (María Eugenia Capuchetti), aparecen cometiendo una serie de delitos graves e inadmisibles, añade el texto.
Asimismo, denuncia que esas personas reciben costosos favores y dádivas de empresarios a quienes les resuelven causas, además de encubrir delitos, inducir al falso testimonio, falsificar documentos, pagos y facturas, y amenazar con continuar armando causas, torturar y encarcelar a quienes hablen de ellos.
En ese viaje y en ese nefasto grupo de chat un juez y el padre y hermano de un fiscal de la llamada Causa Vialidad, por la cual pretenden condenar a 12 años en prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos a la vicemandataria, apunta el documento.
El mal desempeño de sus funciones, los delitos, y las graves y escandalosas violaciones éticas fueron confesados. Exigimos la regularización institucional del Consejo de la Magistratura, paralizado por el accionar de la Corte Suprema de Justicia; la renuncia de los funcionarios involucrados y una seria y profunda investigación, concluye.
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