La decisión preliminar es del juez federal Wilson Alves de Souza, del Tribunal Regional Federal de la I Región (TRF-1) que acató la acción popular propuesta por Charles Capella de Abreu, al considerar que ahora no es prioridad para el país.
Según el magistrado, hay «falta de razonabilidad, desviación de finalidad, ilegalidad e incluso de elemental sentido común» en la compra de los blindados.
Al mismo tiempo que se recortan los fondos de educación y salud por falta de dinero, se pretende comprar armas en tiempos de paz, indica la decisión.
El Ejército inició la consulta pública para comprar los vehículos en marzo de 2021 y en noviembre de este año, el resultado fue publicado en el Diario Oficial de la Unión.
La adquisición de nuevos artefactos motorizados bélicos forma parte de la estrategia de esa fuerza de renovar su flota, que estaría desfasada y con «sistemas mecánicos desgastados y parte del material de reposición descontinuado y/o de difícil obtención».
Actualmente, el Ejército tiene dos mil blindados y la compra de los 98 vehículos resultaría la primera etapa de la negociación que prevé, en total, la adquisición de 221 unidades.
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