El presidente Andrés Manuel López Obrador fue preguntado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional donde dio como hecho que el bloque conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) ni el número de legisladores de 500 a 300, o que a los consejeros no los elija el pueblo sino los partidos.
Lamentó que haya gente, aunque parezca increíble, a favor de que se les paguen 200 mil y 300 mil pesos (10 a 15 mil dólares) mensuales a los consejeros, más una cantidad parecida por prestaciones y prerrogativas.
Hay muchos sin saber que eso lo queremos evitar. Otros ni siquiera saben qué plantea la reforma, agregó.
Igualmente, admitió que en ese sentido de la desinformación es delicada la situación pero no es nuevo, pero no se pueden arriar banderas, ya vendrán otros tiempos en que tengamos mayoría calificada en el congreso.
Dijo que mañana se darán más detalles del Plan B que aplicará el gobierno para contrarrestar el rechazo a la reforma que se consumará hoy.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Ignacio Mier, sostuvo esta mañana una reunión a puerta cerrada para definir la ruta de la discusión de la reforma constitucional frenada hace una semana.
Ya López Obrador anunció el envío hoy al Congreso de una iniciativa para modificar la legislación con el objetivo de reducir el aparato burocrático y prevenir la compra de votos.
Contrario a la campaña de la oposiciónde que al INE no se toca, el mandatario dijo que es todo lo contrario, sí se toca y hay además que tocarlo, y aunque se opongan a la reforma sí existen puntos que se pueden cambiar en las leyes electorales, sin transgredir la Carta Magna.
Entre estos, destacó que su iniciativa priorizará dos: que el INE ajuste su presupuesto al compactar oficinas, para generar ahorros, y especificar en la ley la prohibición del uso de recursos públicos para la compra del voto.
Mier, el también jefe de la bancada oficialista, se comprometió a que el Plan B sobre la legislación electoral se hará en los márgenes permitidos la Constitución.
En ese sentido, los tribunales estatales electorales no desaparecerán, pero la iniciativa propone que se precisen las atribuciones y los alcances del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eventualmente desaparezca la sala especializada –encargada de las sanciones por propaganda y actos anticipados de campaña–, con el fin de fortalecer las salas regionales.
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