Se trata de un denominado Plan B expuesto por el gobierno después de la anulación de la reforma electoral debatida ayer la cual no prosperó por no lograr su aprobación por las dos terceras partes de los diputados, es decir,334 votos.
La diferencia con la debatida ayer es que esta no es una reforma constitucional, sino de leyes electorales secundarias que pueden ser aprobadas por mayoría simple, de la cual sí goza el gobierno, pero no tienen el alcance de las negadas.
Estas normativas que se pretenden modificar buscan limitar política y económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE), y compacta sus estructuras, así como restringe algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El INE deberá recalcular los tabuladores de sus casi 18 mil trabajadores, así como de los organismos locales electorales, para adecuar las remuneraciones a los topes establecidos en el artículo 127 constitucional. Nadie en este ámbito – consejeros y magistrados locales- deberá ganar más que el presidente de la República.
En los artículos transitorios se aclara que este decreto de enmienda a leyes secundarias no será aplicado en las contiendas del año próximo, en Estado de México y Coahuila, mientras que el consejo general del INE deberá hacer, a más tardar en agosto de 2023, los cambios derivados de esta restructuración.
Con base en el fortalecimiento del Sistema Nacional Electoral, integrado por el INE como autoridad rectora, se proyecta su reestructuración para compactar al mínimo indispensable su operación y generar ahorros al erario de al menos tres mil 605 millones de pesos (180 millones de dólares).
También se crea por esa vía una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros, que sustituye a la Junta General Ejecutiva (donde están actualmente los principales funcionarios del INE) quienes se harían cargo del manejo presupuestal y seguimiento del gasto.
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