La víspera, el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, hechos que la expresidenta rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
La exjefa de Estado señaló la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por jueces, fiscales, empresarios y políticos contrarios al peronismo.
“Los sectores de intereses concentrados se expresaron de manera brutal y directa contra un proyecto político y buscan impugnar la esperanza de gobernar para los que menos tienen”, señala un comunicado firmado por los diplomáticos en naciones como Cuba, Ecuador, Rusia, Perú, Bolivia y China.
Esa injusta condena es el capítulo más oscuro de la persecución judicial y mediática contra Fernández y tiene como objetivo proscribir su figura, disciplinar a la clase política e invalidar el proyecto que representa, añade.
Los embajadores lamentaron “que una parte del poder judicial se encuentre corrompida y esté implicada en un proceso de degradación institucional que, con acciones mafiosas, perjudica gravemente la democracia”.
Desarrollaron de forma explícita una doctrina contraria al derecho internacional, prejuzgando y corporativizando una condena que omite pruebas contundentes sobre la causa, señala el documento.
Además de manifestar nuestra profunda solidaridad con la vicemandataria, expresamos la convicción de que el pueblo encontrará la manera de enfrentar estos embates del poder real, concluye.
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