Presentes desde el Presupuesto 2020, las rectificaciones de relator facilitaron el trabajo del gobierno del derrotado mandatario Jair Bolsonaro en las negociaciones con las bancadas del Congreso Nacional, al ser utilizadas a cambio de apoyo político.
En los últimos meses, sin embargo, el presupuesto, cuestionado por su falta de transparencia, se volvió central en escándalos de fraude en la compra de camiones de basura, autobuses escolares, tractores, ambulancia, entre otros.
La timonel del STF, Rosa Weber, es la ponente de la acción, impulsada por partidos de oposición que cuestionan la legalidad del mecanismo secreto que recibió la denominación debido a la dificultad de rastrear a los congresistas responsables de las enmiendas.
El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva criticó durante la campaña electoral al mecanismo que empoderó al titular de la Cámara baja, Arthur Lira.
Sin embargo, el proceso resulta el décimo punto de la agenda del pleno, y puede no haber tiempo hábil para la apreciación.
Al oficializar que la acción estaba liberada para juicio, Weber dio una señal más clara al Congreso de que desea resolver el asunto antes de fin de año, para que Lula asuma el 1 de enero con el tema apaciguado.
El acto de la ministra reavivó la presión para que la denominada Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de la transición incluya reglas para legalizar las rectificaciones del ponente, conforme defienden políticos del Centrão (tendencia de centro).
Creado por el Parlamento a mediados de 2020 y que Bolsonaro aprovechó para sumar aliados en el Congreso, el mecanismo permite que diputados y senadores decidan de manera anónima la inversión de fondos públicos en proyectos.
La víspera, un grupo de activistas se agrupó frente a la sede del STF para demandar la extinción del presupuesto secreto, al que califican de uno de los mayores esquemas de corrupción en la historia del país.
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