El mandatario intentó incluir su propuesta en la consulta popular que se realizará el 5 de febrero de 2023 conjuntamente con las elecciones seccionales y de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pero la Corte Constitucional lo impidió.
El tribunal aseveró que si el Ejecutivo pretende cambiar la Constitución para que los militares colaboren con la Policía en la lucha contra el crimen organizado sin necesidad de decretar estados de excepción, debe ser analizado primero en el legislativo.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, confirmó que Lasso pidió ser recibido en el pleno para entregar personalmente esa iniciativa de reforma.
No existe plazo para que los asambleístas se pronuncien al respecto y existe incluso la posibilidad de dilatarlo para que nunca sea tratado, lo cual el Gobierno pretende evitar a toda costa.
De ser aceptada en el parlamento, lo cual será difícil debido al balance de fuerzas desfavorable para el Ejecutivo, la reforma deberá someterse a referendo popular en las urnas.
Expertos consideran que eliminar los límites de la actuación de los policías y militares iría en dirección contraria a estatutos internacionales que recomiendan la intervención del ejército solamente de manera complementaria en la seguridad de las sociedades.
Para especialistas, como el sociólogo Fernando Carrión, esa no sería una solución eficaz, pues en varias ocasiones a través de los estados de excepción las Fuerzas Armadas intervinieron en el control social sin lograr su propósito, pues la escalada de violencia continúa en el país.
La situación actual de inseguridad en Ecuador se debe, a juicio de analistas, al papel de esta nación suramericana en las nuevas rutas del tráfico de drogas hacia mercados en el norte y a la falta de inversiones, tanto en áreas sociales (salud y educación) como para instituciones de seguridad.
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