Por Julio Morejón Tartabull
Redacción África y Medio Oriente
Durante 2022, la decisión gubernamental fue que todas las energías estuvieran en función de la reconstrucción posconflicto.
En el año que concluye resultó prioridad continuar con la reconciliación política entre los exrivales de la contienda (2013-2018): el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM) y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán En la Oposición (SPLM-IO).
Constituyó un aspecto medular el inicio de la integración del Ejército único, con lo cual se comenzó a cumplir una de las directivas del acuerdo de paz suscrito en 2018 por el gobierno y la insurgencia.
De acuerdo con lo pactado, el Ejército lo integrarán 80 mil miembros: 30 mil procedentes del gobierno, 20 mil del SPLM-IO y 30 mil excombatientes de otras facciones armadas opositoras.
En los últimos tiempos hubo avances en la distribución de responsabilidades públicas como ministerios y gobernaciones, un proceso complejo por diferencias de criterios y por exigencias también de facciones con menor peso político pero muy activas.
Sin embargo, institucionalmente las labores demandan más tiempo para que fructifiquen, por eso la Asamblea Legislativa Nacional aprobó en agosto extender el período de transición a tres años.
El acuerdo parlamentario prorrogó la etapa de tránsito hasta febrero de 2025, con la intención de que los partidos realicen las elecciones generales en diciembre de 2024, precisó el sitio digital sudanspost.com.
Tras una guerra que destrozó la economía, causó miles de muertos y desplazados, y desató una grave crisis humanitaria, los sursudaneses enfrentan aún el reto urgente de la reconciliación, pero en 2022 las discrepancias aumentaron con luchas intercomunitarias.
Académicos apuntan que el país posee una gran diversidad étnica y cultural, con 80 colectividades que procuran un espacio en el Estado-nación, se diferencian por la estructura social, medios de subsistencia y criterio de identidad, y suelen chocar entre sí.
DIFÍCIL CONVIVENCIA
El Estado más joven de África -considerado un ejemplo de mosaico tribal- el año que concluye sufrió una fuerte crisis alimentaria y los perniciosos efectos de la pandemia de la Covid-19, que incidieron en el desempeño pacífico general.
La prensa reportó en agosto choques armados entre pastores y granjeros, robo de ganado y destrucción de cultivos. Las regiones más afectadas por los enfrentamientos fueron Equatoria Oriental y Central.
“A la violencia entre comunidades se suma la inseguridad alimentaria que amenaza a 7,7 millones de personas en todo el país, devastado por el conflicto armado interno y la escasez de infraestructuras económicas”, citaron analistas.
El país posee una gran riqueza cultural y lingüística, pero es propicio a tensiones y la violencia por el control de recursos, el poder y la supervivencia; en ese contexto lo tribal pasa a ser reclamo identitario y asidero cuando fallan las estructuras oficiales.
En el segundo semestre los enfrentamientos entre comunidades ocurrieron en el estado de Alto Nilo, fundamentalmente al condado de Fashoda, entre jóvenes armados shilluk y nuer, que afectaron a millares de ciudadanos.
La Misión de ONU en Sudán del Sur (Unmiss) confirmó que “las tensiones y la violencia esporádica entre diferentes grupos que comenzaron en estas áreas en agosto de 2022 obligaron al desplazamiento de miles de personas, así como propiciaron el hostigamiento y asesinato de otras, y la destrucción de bienes”.
Unmiss llamó a jefes políticos, líderes comunales y ancianos -importantes por su relevancia en África- de los estados de Jonglei y Alto Nilo, a usar sus influencias para detener los enfrentamientos y evitar daños entre los civiles.
Ese tipo de evento que también este año pasó a otras zonas sursudanesas, dificulta el entendimiento y la buena vecindad, mientras entorpece la velocidad de la transición a la paz total en Sudán del Sur.
CRÍMENES Y JUSTICIA
Al finalizar 2022, algunos responsables de la opinión pública internacional criticaron -a través de los medios de difusión- la inexistencia de un tribunal sursudanés que juzgue los crímenes perpetrados por los contendientes en los cinco años de guerra. Aunque alegan criterios humanitarios, observadores políticos concuerdan que ese asunto es inherente solamente a las autoridades nacionales, decisión que no corresponde plantear a entes foráneos por ser una cuestión de autoridad nacional.
Las más recientes demandas refieren que el establecimiento de un órgano judicial de ese tipo, dirigido por la Unión Africana, se aceptó por primera vez en el acuerdo de paz de 2015 y luego en 2018, pero por diversas razones nunca se concretó.
Ahora, cuando Sudán del Sur está en una fase de restauración institucional, habría que preguntarse si es ocasión propicia para satisfacer ese menester o si las críticas al respecto son para presionar al país, a fin de imponerle una conducta ajena a la forma de actuar.
El más joven Estado del continente africano no suscribió el Estatuto de Roma, base de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), radicada en Países Bajos, por lo cual no es competente sobre los órganos de justicia sursudaneses.
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