Durante los últimos meses, agrupaciones de extrema derecha como Revolución Federal lanzaron cocteles molotov contra la Casa Rosada, colocaron bolsas mortuorias con fotos suyas, aseguraron que la llevarían a la horca y lanzaron basura al Instituto Patria.
El 1 de septiembre un hombre llamado Fernando Sabag trató de matarla mientras saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta para expresarle su apoyo ante la constante persecución judicial.
Tras el ataque, comenzó un proceso investigativo, cuestionado por la exjefa de Estado por las irregularidades cometidas y la negativa de la jueza María Eugenia Capuchetti a continuar indagando cuando las pistas apuntaban a lazos entre tres detenidos, fuerzas extremistas, políticos y empresarios vinculados al exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).
Finalmente, el martes de esta semana el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Fernández señaló la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.
Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por los contrarios al peronismo.
En varias oportunidades antes de la sentencia, dijo estar ante un pelotón de fusilamiento y alertó sobre el uso de los juzgados para satisfacer a representantes de un sector político.
Llegará un momento en el que los responsables tendrán que responder por todo lo que hicieron. La historia condenará a quienes tomaron decisiones para estigmatizar a fuerzas y personas sin pruebas y en violación abierta de la Constitución, aseveró.
Por otra parte, descartó ser candidata a presidenta en 2023 para no someter al peronismo a un maltrato enorme en período electoral.
Magnetto (Héctor Horacio, accionista principal del Grupo Clarín) podrá dar la orden a sus esbirros de Casación y la Corte Suprema para que me detengan, pero mascota suya no seré jamás. Todo eso si antes a algunos empresarios no se les ocurre financiar a otras bandas de marginales para que me peguen un tiro, pues me quieren presa o muerta, afirmó.
Las agresiones en su contra fueron denunciadas por agrupaciones políticas, sociales y sindicales, líderes de países como Brasil, Cuba, Bolivia y Venezuela, el Papa Francisco, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y organizaciones como el Grupo de Puebla.
El presidente Alberto Fernández, ministros, legisladores del Frente de Todos (FdT) y organismos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su indignación y desconcierto y condenaron los intentos de apartarla del escenario político.
“Los jueces, en contubernio con las corporaciones y el macrismo, participaron en un complot para proscribirla. El proceso estaba pensado para que interviniera en una campaña electoral con la condena y la inhabilitación sobre su cabeza”, señaló el periodista Luis Bruschtein.
Asimismo, alertó que el año próximo el FdT participará en los comicios sin su principal líder y advirtió que un poder judicial corrupto y en putrefacción actúa como policía política y no acepta la convivencia de pensamientos políticos diversos.
La sentencia no es solamente contra Cristina, sino contra todos los argentinos, porque debilita la democracia sobre la base de un proceso turbio y manipulado, apuntó.
La divulgación del veredicto coincidió con la revelación de un viaje de jueces, empresarios, exfuncionarios y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia a la mansión en Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis.
Entre los implicados, acusados de admisión de dádivas e incumplimiento de sus deberes, se encuentra Julián Ercolini, magistrado que instruyó la causa contra la vicepresidenta, ejecutivos del Grupo Clarín y personas vinculadas a Macri.
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