De su lado, las autoridades congolesas, cifran las muertes de no beligerantes, ocurridas entre el 29 y el 30 de noviembre pasado en la aldea de Kishishe, provincia de Kivu Norte (este), en más de 300; el mando del M23, integrado por miembros de la etnia tutsi, negó las formulaciones del texto de la ONU.
Acorde con el informe de la Monusco segundo en las últimas semanas condenatorio de las acciones del M23, las muertes fueron en represalia contra la población civil y precisa que 102 hombres, 17 mujeres y 12 menores fueron “ejecutados arbitrariamente por disparos y con otras armas”.
El reporte, basado en declaraciones de 52 víctimas y testigos, añade que ocho personas resultaron heridas de bala, 66 raptadas “y por lo menos 22 mujeres (adultas) y cinco menores fueron violadas”.
Las autoridades de la República Democrática del Congo afirman que el M23 está apoyado por el gobierno de Ruanda, su vecino del norte, y sus acciones tratan de crear una zona anárquica en el este del país para apropiarse de los minerales de la zona.
El gobierno ruandés desmiente la acusación y retó a Kinshasa a presentar pruebas de sus alegaciones.
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