Por Carmen Esquivel
Corresponsal jefa en Chile
Gabriel Boric, abanderado de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, llegó al Palacio de La Moneda el 11 de marzo, tras ganar de manera contundente las elecciones de diciembre de 2021, y con 35 años se convirtió en el presidente más joven del país.
Boric asumió las riendas de la nación en un momento de crisis por la pandemia de la Covid-19, la elevada inflación, el incremento de la inseguridad, los problemas migratorios en el norte y el conflicto en la región de La Araucanía, cuna del pueblo mapuche.
Una de sus primeras medidas fue aumentar el salario mínimo de 380 mil a 400 mil pesos (de 422 a 444 dólares mensuales), el alza más significativa en los últimos 30 años.
El apoyo a miles de pequeñas y medianas empresas, el acceso a la gratuidad de los servicios en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para más de cinco millones de personas, la entrega de bonos a familias a fin de encarar el alza del gas y la luz, y el aumento del presupuesto para la seguridad pública son algunos de los pasos dados por el Gobierno.
Chile también se adhirió al Acuerdo de Escazú, un tratado firmado por 25 países para la protección del medioambiente.
EL PROCESO CONSTITUYENTE
Uno de los compromisos del Gobierno fue conducir a buen puerto el proceso para avanzar hacia una nueva carta magna y reemplazar a la vigente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, en el referendo del 4 de septiembre la opción del rechazo al texto constitucional se impuso por cerca del 62 por ciento de los votos, lo cual fue un duro golpe para el ejecutivo.
Las causas de este resultado son variadas y van desde las noticias falsas en las redes sociales y la campaña del miedo a los cambios hasta la falta de información sobre el contenido del texto y errores dentro de la propia convención constituyente.
En una entrevista donde hizo un balance de su gestión, el mandatario reconoció que el resultado del plebiscito de salida fue uno de los momentos más difíciles de su administración.
De hecho, dos días después de esa consulta el presidente remodeló su gabinete y cambió a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, del Interior, Salud, Energía, Ciencia y Desarrollo Rural.
Luego del referendo los partidos políticos representados en el Congreso Nacional iniciaron negociaciones para avanzar hacia un nuevo texto constitucional, pero el proceso marcha con lentitud y hay diferencias sustanciales entre las coaliciones de Gobierno y la oposición de derecha.
Interrogado sobre las declaraciones de una dirigente política que consideró al proceso constituyente como algo ya pasado, el presidente respondió que “el momento constituyente sigue plenamente vigente y si no lo resolvemos, es una bomba de tiempo”.
Eliminar la carta magna impuesta en 1980 durante la dictadura fue una de las demandas del estallido social, cuando millones de chilenos salieron a las calles hace tres años para exigir cambios en el actual modelo neoliberal.
CONFLICTO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
En noviembre, el presidente chileno realizó su primera visita a la región de La Araucanía, cuna del pueblo mapuche, el cual reclama la devolución de tierras ancestrales ocupadas por el Estado a fines del siglo XIX y que ahora están en manos de empresas forestales y agrícolas.
Durante los últimos tiempos se registraron en la zona episodios de violencia que costaron la vida de comuneros a manos de agentes de seguridad, así como también a no indígenas y fuerzas del orden.
En su viaje Boric prometió crear una Comisión por la Paz, que comenzará a funcionar en marzo de 2023, para saldar la deuda con esa comunidad en materia de tierras.
No obstante, admitió que no será posible restituirlas todas porque muchas ciudades fueron construidas allí y hay que preservarlas, además, personas que no pertenecen a esa comunidad se establecieron en la zona, echaron raíces y sus derechos también deben ser tenidos en cuenta.
Pero no por ello vamos a renunciar a buscar un entendimiento, dijo, y añadió que eso implica concesiones de todas las partes para construir una paz duradera, una convivencia pacífica con el fin de lograr la cohesión social que La Araucanía y Chile necesitan.
El presidente reconoció que este es un tema que el Estado nunca supo abordar y mientras no se haga, será imposible cumplir con las obligaciones a nivel internacional y sentar las bases para una solución al conflicto.
INSEGURIDAD, ENTRE LAS MAYORES PREOCUPACIONES
Encuestas publicadas aquí señalan que el incremento de los hechos delictivos y la violencia constituye una de las principales preocupaciones de los chilenos, por encima incluso de los problemas económicos.
Solo hasta noviembre se registraron en el país 710 homicidios, cifra que representa un incremento de 50 por ciento con respecto a igual período de 2021, según estadísticas de la policía de carabineros.
Para enfrentar este flagelo, el Gobierno y en particular la ministra del Interior, Carolina Tohá, impulsa un plan nacional en materia de seguridad con alcaldes, gobernadores y parlamentarios.
La iniciativa contempla más de 30 medidas para el fortalecimiento institucional, la gobernanza y la prevención del delito, y entre ellas figuran la conformación de un nuevo ministerio de seguridad pública y una reforma del cuerpo de carabineros.
En el presupuesto para 2023 el ejecutivo prevé un aumento del 4,4 por ciento del gasto para orden y seguridad, con lo cual el monto ascenderá a 164 mil millones de pesos (179 millones de dólares).
PRIORIDADES PARA 2023
Una de las prioridades del Gobierno para el próximo año será avanzar hacia una reforma tributaria que ponga el acento en reducir la evasión y la elusión fiscal, y en lograr que paguen más las personas de mayores ingresos con el fin de financiar los programas sociales.
La propuesta ya ingresó en el Congreso Nacional donde se avizora una discusión compleja, ya que las coaliciones del oficialismo no tienen mayoría en el parlamento y la oposición de derecha rechaza la iniciativa en general.
Otro proyecto tramitado en el organismo legislativo y que también podría enfrentar serios tropiezos es la reforma previsional, destinada a aumentar los retiros y eliminar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En el país el 72 por ciento de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe un monto por debajo de la línea de pobreza, sin embargo, las AFP obtienen grandes utilidades.
El plan del ejecutivo apunta a un sistema mixto con el aporte de los trabajadores, empleadores y el Estado, que dará libertad a los pensionados para elegir dónde invertir los fondos.
Desde el punto de vista económico, el 2023 será otro año complejo para Chile, se prevé una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación continuará elevada, aunque no a los niveles de 2022.
Según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región aún no logra avanzar hacia la recuperación y retomar los niveles anteriores al inicio de la Covid-19, y el PIB caerá de 3,2 por ciento en 2022 a 1,4 en 2023.
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