En conferencia de prensa, el presidente tico, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles la decisión del Consejo de Gobierno de suspender y denunciar penalmente a cinco miembros de la junta directiva de la CCSS, y a su ex presidente ejecutivo Álvaro Ramos, a quien destituyó en septiembre pasado por favorecer el ajuste salarial de los empleados de esa entidad.
En un comunicado de prensa, la Unidad Sindical afirma que en una muestra más del sesgo autoritario y antidemocrático que viene mostrando el Gobierno, toma una medida absolutamente ilegal e improcedente, como es la suspensión de cinco directivos de la Junta Directiva de la CCSS, incluida toda la delegación del sector laboral (sindical, cooperativo y solidarista).
Asegura que tanto el mandatario tico como la presidenta ejecutiva de la CCSS, Martha Eugenia Esquivel, y el Consejo de Gobierno juzgan y condenan, en un acto que puede ser considerado una «vendetta».
En primer lugar, explica la Unidad Sindical, porque los directores rechazaron las dos mociones del Gobierno para incluir voluntaria e ilegalmente a la CCSS en la regla fiscal, que afectaría seriamente los servicios de salud.
En segundo lugar, prosigue, porque pese a todas las malas artes que utilizaron no lograron impedir el pago del ajuste salarial a miles de trabajadores de la CCSS.
«Miente alevosamente el Presidente de la República al señalar que el aumento salarial va a provocar una crisis financiera en la CCSS, por el contrario, es la billonaria deuda con la CCSS y que este Gobierno no quiere pagar, la que provoca serios problemas financieros a la
institución», subraya la Unidad Sindical.
La agrupación obrera, integrada por las Centrales y Confederaciones Sindicales, Organizaciones Magisteriales y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, expresa su solidaridad con los directores de la CCSS, especialmente con la representante electa de la clase trabajadora, Martha Rodríguez, en la Junta Directiva de la CCSS.
Asimismo, rechaza en todos sus extremos esta medida arbitraria y muy peligrosa para la institucionalidad democrática del país.
Por ello, la Unidad Sindical exige a la Presidencia de la República y a su Consejo de Gobierno que den marcha atrás con esta ilegalidad y que se ajusten a las reglas democráticas de respeto irrestricto a la autonomía constitucional de la CCSS.
También, llama a la clase trabajadora a defender la institucionalidad de la CCSS, y a impedir que este Gobierno, vinculado a espurios intereses, avance en su intento de desmantelamiento y privatización del Seguro Social.
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