Por Alfredo Boada Mola
Corresponsal jefe en la India
Después de años de conflicto e inestabilidad, la situación económica y política trajo más problemas a este país centroasiático devastado por la guerra y afectado además por desastres naturales recurrentes como un reciente terremoto, la pobreza crónica y las enfermedades, incluida la pandemia de Covid-19.
«Afganistán entra en su tercer año consecutivo de condiciones parecidas de sequía y en el segundo año de un declive económico paralizante», precisó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que afirmó se trata de una de las peores crisis humanitarias del mundo.
El Ministerio de Economía confirmó que la sequía, el cambio climático y las restricciones bancarias son las principales razones de tanta pobreza en el país.
«Junto con la sequía y el cambio climático, el bloqueo de activos bancarios por parte de Estados Unidos y otros países occidentales, así como el cierre de los sistemas financieros y bancarios, son factores que aumentaron el nivel de pobreza en Afganistán», dijo Abdul Rahman Habib, portavoz de la cartera de Economía.
La empresa estadounidense de análisis y asesoría Gallup señaló que el 90 por ciento de los afganos apenas puede encontrar ingresos y recursos del trabajo, y el 86 por ciento de ellos no puede obtener alimentos.
La estabilidad económica afgana depende críticamente de los flujos de ayuda humanitaria, incluidos los envíos de efectivo por parte de la ONU, que ascendieron a mil 800 millones de dólares en el último año. Sin embargo, los economistas afirman que dicha ayuda no es muy eficaz para aliviar la pobreza en el país.
«La asistencia proporcionada en los últimos 16 meses a Afganistán estabilizó en parte la moneda afgana y también es útil para resolver los problemas de liquidez de los bancos, pero no pudo atenuar la pobreza y el desempleo», según los economistas.
El Comité Internacional de Rescate publicó un informe sobre las amenazas mundiales de hambruna y señaló que los conflictos, plagas de insectos, sequías y otras crisis relacionadas con el clima provocan inseguridad alimentaria y hambre en Afganistán.
A esto se suma la suspensión de la ayuda internacional, la congelación de más de nueve mil millones de dólares de activos afganos y la imposición de sanciones por parte de la comunidad internacional tras el colapso del anterior gobierno.
SALVAR A MILLONES DE NIÑOS
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que 13,1 millones de niños afganos viven bajo la sombra de la guerra y las penurias, necesitan ayuda humanitaria y sobran los ejemplos de miles de infantes que son el sostén de sus familias y llevan una vida dura.
De acuerdo con estimados, uno de cada dos infantes menores de cinco años sufrirá desnutrición aguda, mientras más de un millón padecen desnutrición aguda grave, y las autoridades consideran que 112 pequeños podrían morir cada día por falta de la atención primaria de salud.
La organización no gubernamental internacional por los derechos de la niñez Save the Children pidió asistencia alimentaria inmediata para salvar a millones de niños que no consiguen alimentos por la creciente crisis del país, el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania y la severa sequía.
“Todos los días nuestros trabajadores sanitarios de primera línea tratan a niños que se consumen ante nuestros ojos porque sólo comen pan una vez al día, y esos son los afortunados”, dijo la directora de incidencia política y comunicación de Save the Children, Athena Rayburn.
En Afganistán pululan afecciones como el sarampión, las diarreas, el dengue y la propia Covid-19, a la vez que casi ocho millones de niños necesitan apoyo para acceder a la educación.
SANCIONES DE EEUU CONTRIBUYEN AL SUFRIMIENTO AFGANO
Tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, Afganistán quedó aislado de las instituciones financieras internacionales, después que Estados Unidos congeló casi 10 mil millones de dólares de los activos del banco central del país devastado por dos décadas de guerra.
La posición del gobierno estadounidense empeoró la situación afgana y los precios de los alimentos y del combustible se duplicaron en un momento en que cientos de miles de personas quedaron sin trabajo.
Afganistán está en peores condiciones económicas, sociales y sanitarias después de la retirada militar de Estados Unidos, que invadió en 2001 el país bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, al costo de más de dos billones de dólares del contribuyente según la Universidad Brown, la muerte de cientos de miles de civiles afganos y millones de refugiados y desplazados internos.
Tras el repliegue de Estados Unidos en 2021, los talibanes pasaron a controlar una nación más empobrecida que hace dos décadas, con una gran parte de la población en riesgo de padecer hambre, pese a poseer el país abundantes recursos naturales como tierras raras, oro y litio.
La crítica situación está marcada además por una intensa sequía que mermó la producción agrícola y aumentó el peligro de la hambruna, además de la carencia de agua.
Aunque la violencia de género es una amenaza grave y de larga data para las mujeres y las niñas afganas, sus problemas están exacerbados por las medidas de Estados Unidos.
Debido a la actual crisis humanitaria, 23 millones de personas, el 60 por ciento de la población de Afganistán, dependen de la ayuda alimentaria, y ello tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y los niños; esa cifra al parecer aumentará en el próximo año.
Expertos en derechos humanos de la ONU instaron a Estados Unidos a poner fin a la congelación de las reservas de divisas de Afganistán.
Da Afghanistan Bank (el banco central de Afganistán) tiene más de siete mil millones de dólares en reservas bloqueadas por Washington, que podrían utilizarse para proporcionar atención a millones de personas.
En febrero pasado, el presidente norteamericano Joe Biden emitió una orden ejecutiva para continuar la congelación del efectivo y utilizar parte de los fondos afganos con fines dentro de Estados Unidos.
La medida de la Casa Blanca impide a los afganos el acceso a bienes básicos, subrayaron expertos de la ONU designados por el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza.
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