En el marco de esas acciones, efectivos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) en número de 10 mil arrestaron ya a cerca de 300 presuntos miembros de las maras o colaboradores para acercar los números a 60 mil desde que se aplicó el estado de excepción en marzo último.
Blanco de críticas de organismos internacionales asentados en Estados Unidos, fundamentalmente, el cerco es apoyado por modernas tecnologías que incluye equipos ligeros blindados, drones y medios de comunicación, entre otros, para detectar a los pandilleros en sus escondites.
En la medida que avanzó la operación se escucharon muestras de apoyo de la población y paralelo a esto, críticas de organizaciones no gubernamentales y dependencias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano principal y “autónomo” de la OEA.
Al respecto, el presidente Nayib Bukele acusó a esos grupos de estar presuntamente interesados en que se mantenga el baño de sangre en Latinoamérica.
En un mensaje en redes sociales Bukele calificó de “esquema perverso” los que promueven estas instituciones, las organizaciones no gubernamentales que financian y medios de prensa que adversan la política gubernamental.
“Esos bichitos problemáticos, esos que andan por aquí, ya como que llevan tiempo de no andar en la calle”, dijo Gloria Portillo, vendedora de frescos en la colonia La Campanera, una de las más afectadas por la extorsión y los homicidios impuestos por las pandillas, algo que habla de la efectividad de las acciones gubernamentales.
“El crimen violento bajó un 95 por ciento en El Salvador. Ha pasado de ser la capital del asesinato, al país más seguro de América Latina, dijo Maxwell, conocido también como Max Kaiser.
También la Iglesia católica abrazó la causa cuando el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, dijo que si existe el crimen, es obligación del Estado darle persecución y que el gobierno lo ejecuta guardando y respetando los derechos de las personas honestas, lo que hace más legítima la operación.
Al respecto, la ministra de Turismo, Morena Valdez, dijo a Prensa Latina que la aplicación del Plan de Control Territorial para la seguridad en El Salvador permitió la recuperación del nivel de turismo que existía antes de la pandemia de la Covid-19.
La titular elogió el buen desempeño del sector que este año debe cerrar con cerca de dos millones 400 mil visitantes y entradas en divisas cercanas a los dos mil 400 millones de dólares.
Otros temas que ocuparon importantes espacios fue la reforma del sistema de pensiones que avanza en la Asamblea Legislativa en medio de controversias entre los que la apoyan y quienes plantean que es “un timo” a la clase trabajadora y la segunda etapa del proceso de recompra de la deuda pública salvadoreña.
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