«El Ministerio de la Igualdad es una realidad. La voz de quienes han sido históricamente excluidos será escuchada. Agradezco al Congreso por apoyar esta iniciativa», expresó el presidente del país Gustavo Petro, quien desde su campaña electoral anunció que crearía esta cartera.
Por su parte el presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó que «en una sociedad claramente desigual e inequitativa, es necesario un aparato estructural estatal que garantice la igualdad y equidad social».
La vicepresidenta del país, Francia Márquez, quien será a su vez la ministra de Igualdad, expresó que esta cartera «es un mecanismo para avanzar en la reducción efectiva de las brechas de desigualdad e inequidad en Colombia».
El pasado 18 de octubre, el presidente y la vicepresidenta, junto al ministro del Interior, Alfonso Prada, radicaron en el congreso el proyecto de ley para la creación del Ministerio.
Márquez aseguró ese día que, si bien la Constitución de 1991 reconoció en el artículo 13 el derecho a la igualdad, Colombia es de las naciones «más desiguales e inequitativas que habitan este planeta».
Recalcó que el gobierno del cambio «busca garantizar derechos a quienes nunca lo han tenido, a quienes han estado en territorios olvidados y excluidos».
«La igualdad, como un valor esencial, es lo que nos va a permitir avanzar en ese camino hacia la Paz Total», subrayó la vicepresidenta.
El Ministerio de Igualdad y Equidad se plantea como un organismo principal del sector central del Ejecutivo , rector del Sector de Igualdad y Equidad y de los órganos de asesoría, coordinación y articulación señalados legal o reglamentariamente.
Tiene como objeto, en el marco de los mandatos constitucionales, de la ley y de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales.
Además, impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; y la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados.
La nueva cartera tendrá la tarea de proteger, desde la perspectiva de los enfoques diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, indígenas y Rrom, y campesinos.
También a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema; víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de la calle y migrantes.
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