En declaraciones a la prensa, José Luis Loría y Martha Rodríguez, representantes de los empleados en la Junta Directiva de la CCSS, coincidieron en asegurar que «esto es un juicio político. No hemos cometido ningún delito».
Además de ellos dos, el Consejo de Gobierno acordó suspender también a Carlos Salazar (representante del Estado), Jorge Hernández (representante de los Patronos) y Maritza Jiménez (representante Trabajadores).
El presidente Rodrigo Chaves anunció el miércoles pasado la decisión del Consejo de Gobierno de suspender y denunciar penalmente a cinco miembros de la junta directiva de la CCSS, y a su ex presidente ejecutivo Álvaro Ramos, a quien destituyó en septiembre pasado por favorecer el ajuste salarial de los empleados de esa entidad.
Ese mismo día, Chaves adelantó que el Gobierno presentará denuncias ante el Ministerio Público para que investigue si se cometió algún delito en varias decisiones que se tomaron por parte de estos directivos, siendo la aprobación del incremento salarial para los cerca de 62 empleados de las CCSS el principal cuestionamiento.
Según el mandatario tico, esa aprobación no tomó en cuenta un estudio actuarial, el cual estableció que ese ajuste salarial traería serias consecuencias en las finanzas y que favorecería a parientes de algunos de esos directivos, lo que implicaría un conflicto de intereses.
A ello, Loría indicó a la prensa que existen pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que indican que cuando se hacen aprobaciones para una generalidad no hay conflicto de intereses, y por tanto -aseveró- todos los acuerdos tomados están de acuerdo con la ley.
De su lado, Rodríguez sostuvo que los problemas financieros de la CCSS no son provocados por ese ajuste salarial, sino por la multimillonaria deuda del Estado con esa institución, una de las que goza de autonomía constitucional en esta nación.
Para Loría la decisión del Gobierno tiene otros intereses y denunció que «estamos convencidos de que esta es una medida que significa una excusa del Gobierno por el aumento de salarios, para intervenir solapadamente la Caja» y para que el Ejecutivo aplique «todos los cambios que se les antoje» en la CCSS.
Resaltó que en 80 años de creada esa entidad es la primera vez que un Gobierno de turno cruza la línea del respeto a su autonomía. La CCSS ha estado 80 años al servicio de los costarricenses, porque su autonomía impide que el Gobierno de turno meta sus manos en la institución, refirió.
«Esta vez se ha pasado la raya, se ha pasado el límite. El Gobierno de la República está metiendo descaradamente las manos en la Caja, la está atropellando y la está poniendo en grave riesgo», puntualizó Loría.
Por ende, ambos estimaron que la decisión del Consejo de Gobierno es ilegal, desproporcionada y la apelarán ante las instancias correspondientes, sean administrativa o judicial.
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