La sobreviviente de la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983) fue la primera en participar como testigo en el llamado Juicio a las Juntas contra los represores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
Calvo era Licenciada en Física, profesora, investigadora y una de las creadoras de la Asociación Gremial Docente.
En 1977 fue sacada a la fuerza de su hogar por oficiales de la dictadura cuando estaba embarazada de su tercera hija, quien nació en cautiverio.
Su testimonio fue clave para denunciar los crímenes cometidos en sitios clandestinos de exterminio como el Pozo de Banfield y el proceso de apropiación de menores llevado a cabo por el régimen.
“Juré que, si mi bebé y yo vivíamos, iba a luchar todos los días para que se hiciera justicia”, declaró.
Ese compromiso hizo de ella una militante contra la impunidad. Su persistencia en el cumplimiento de esa promesa la convirtieron en referente, señala un comunicado de la AEDD.
Trabajó incansablemente para derrotar las leyes que permitían la liberación de los culpables y para hacer posible los juicios. Fue fundamental en la realización de los trabajos de recopilación de datos que sirvieron de base en muchos de los procesos contra los genocidas, añade.
De 1976 a 1983, Argentina vivió una de las etapas más oscuras de su historia, durante la cual más de 30 mil personas fueron secuestradas, detenidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas.
Según recuerda la periodista y escritora Stella Calloni en varios artículos sobre el tema, tras el Juicio a las Juntas y ante presiones militares y políticas, el Congreso aprobó las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que establecieron la impunidad para centenares de acusados.
Los jefes militares quedaron en prisión, pero fueron indultados por el exmandatario Carlos Menem (1930-2021) entre 1989 y 1990.
Tras su llegada al gobierno en 2003, Néstor Kirchner (1950-2010) implementó medidas para separar de las Fuerzas Armadas a los responsables de aquellos hechos, transformar los centros clandestinos de detención y anular las normativas que permitieron a los culpables evitar las condenas correspondientes.
Desde entonces fueron procesados más de 500 exmilitares y policías por delitos de lesa humanidad.
jcm/gas
