Orlando Oramas León*
La investigación aquí en curso en torno a las actividades ilícitas del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, así lo confirma.
Resulta cual madeja que hilvana por una punta, mientras por la otra el hilo se extiende a diario con revelaciones de los mensajes borrados cuando fue detenido en la residencia oficial presidencial el 25 de septiembre.
El celular de Astesiano que recibió la fiscal encargada, Gabriela Fossati, tenía eliminada información, pero luego fue recuperada con tecnología de punta.
Para aquel momento Fossati entendió “razonable” no investigar los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el inculpado y el presidente Luis Lacalle Pou, dada su investidura.
La pesquisa apenas se iniciaba y el ex hombre de confianza del mandatario cumplía sus primeros días de prisión preventiva bajo cargos relacionados con el quehacer de una banda dedicada a falsificar documentos y vender pasaportes nacionales.
En realidad era un negocio de vieja data, al que el hombre de la Torre Ejecutiva (sede de la oficina presidencial) se incorporó en 2021, según divulgan aquí medios de prensa.
Esas mismas fuentes le adjudican el rol de intermediario o puente entre otros implicados con las oficinas públicas, entre ellas la Dirección Nacional de Identificación Civil, así como la Corte Electoral, la entidad que expide el certificado de avecinamiento, un documento que se otorga a personas nacidas fuera del territorio de Uruguay que tengan madre o padre de nacionalidad uruguaya.
Se investiga en otras dependencias, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde está indagado un ex cónsul en Moscú.
Se supone que el contenido de los mensajes recuperados esté bajo control y resguardo de la Fiscalía y que en el camino de su custodia participó la Policía Científica y, con ella, el Ministerio del Interior.
Lo cierto es que la información sale a borbotones y añade capítulos a una trama que no tiene para cuándo terminar, con implicaciones que el ejecutivo trata de minimizar, mientras desde la oposición claman por la verdad y la responsabilidad gubernamental.
TODO POR DINERO
“Nos hacemos millonarios”, fue un mensaje que recibió Alejandro Astesiano del escribano Álvaro Fernández, encargado de seleccionar y falsificar las partidas de nacimiento, preso también junto al ciudadano ruso Alexey Slivaev, a cargo de conseguir clientes rusos y ucranianos para los pasaportes.
Este fue el punto de partida de la indagación del ministerio público, pero de ella se desprende otra sobre lavado de activos y una tercera respecto a posible tráfico de influencias que tiene bajo la lupa a jerarcas policiales.
Siempre sobre la base de los chats, “los favores, investigaciones ilegales, uso de recursos públicos con fines personales y otras eventuales irregularidades y delitos involucran a los dos subdirectores de la Policía, al director de Inteligencia y a otras jerarquías del Ministerio del Interior”.
Así lo consigna el rotativo La Diaria y entre los señalados está el subdirector de la Policía, Héctor Ferreira, quien hace unos días renunció al puesto.
En uno de los mensajes publicados, Ferreira se refiere al senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez como “lacra”, “hdp” y “sucio”.
También está indagado por la Fiscalía el encargado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, Claudio Correa, quien detuvo a Astesiano el 25 de septiembre. Según el diario Subrayado, es sospechoso de borrar mensajes del tan citado celular.
Sobre el embrollo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, descartó primero una averiguación propia del asunto y argumentó que los chats solo lo tienen la Fiscalía y la prensa. Finalmente, anunció una investigación interna en la institución.
Lo dijo luego de acompañar al director nacional de la Policía Científica, Fabio Quevedo, a presentar nueva evidencia para la causa, que, afirman aquí, incluyó mensajes intercambiados entre el exjefe de la seguridad presidencial y Lacalle Pou.
ESPIONAJE
Otra línea de investigación pendiente es la de espionaje contra dos senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera.
Vertical Skie, una empresa presuntamente dirigida por un exmilitar uruguayo, y asentada en Florida, Estados Unidos, requirió de los servicios de Alejandro Astesiano para “fichar” a los legisladores con fines de extorsión.
La encomienda tenía como finalidad armar información comprometida sobre Bergara y Carrera, a fin de silenciar su demanda penal por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.
Vertical Skies, que se dice especialista en temas de Seguridad, ha hecho más de un negocio con el actual gobierno uruguayo. Ello involucra más a Astesiano, quien también ofreció información de inteligencia a un empresario argentino con intereses aquí.
A estas alturas del resumen del año 2022, de seguro habrá que ponerle un punto y seguido para una trama que parece apenas empezar y cuyas implicaciones políticas tienen a la defensiva al gobierno de Lacalle Pou.
rmh/ool
*Corresponsal Jefe de Prensa Latina en Uruguay
