A una pregunta en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que sus adversarios tienen derecho, como amenazaron, de acudir a los tribunales a demandarla aduciendo inconstitucionalidad de la propuesta.
Consideró que es pura politiquería, pues como no se trata de una reforma constitucional de la ley electoral, sino cambios en las secundarias y se votan por mayoría simple, no pueden ir en contra de lo que establece la carta magna.
El presidente insistió en que lo más importante de la nueva propuesta es reducir la cantidad de diputados de 500 a 300 y que estos no sean plurinominales, sino elegidos directamente por el pueblo y no por los partidos políticos, para que todos sean genuinos representantes de los electores.
El otro asunto importante, dijo, es la disminución del presupuesto a los partidos políticos, que reciben muchísimo dinero del erario. Es un ajuste también en el aparato del Instituto Nacional Electoral (INE) y su tribunal, que es muy oneroso y se gasta en salarios y excentricidades, agregó.
Además, que también sus consejeros y magistrados sean elegidos totalmente por el pueblo y no como ahora por los partidos, que colocan en esos cargos a sus subalternos y familiares, denunció el gobernante.
Añadió «que eso es lo que tiene la reforma electoral, un ajuste para que no haya tanto gasto de los funcionarios y legisladores que viven colmados de atenciones y privilegios, una autocracia dorada de gente rica con pueblo pobre».
La propuesta, agregó, tampoco permite los conocidos monederos (tarjetas bancarias) para la compra de votos.
Para defender todo esto, dijo, llegaron al debate los expresidentes del INE que participaron en fraudes electorales, como la maestra Esther Gordillo (en proceso judicial por corrupta) que llevó el fraude de 2006 cuando dieron la presidencia a Felipe Calderón.
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