La normativa en ese sentido irá de la mano de la responsabilidad fiscal para recaudar los recursos que se destinarán, en su mayoría, al gasto social.
La administración de Petro priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular, además, la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Petro aseguró que con la reforma tributaria, el reequilibrio del Fondo de Compensación de Combustibles y el cambio de perfil de la deuda (de corto plazo a largo plazo) le generarán al gobierno una mayor capacidad para pagar sus compromisos.
La Reforma, que regirá a partir del 1 de enero de 2023 tendrá como fuentes principales de ingresos los impuestos de renta a quienes reciban más.
En cuanto al sector minero-energético, se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales.
El texto plantea la reducción de algunos beneficios tributarios específicos para algunos sectores y regiones.
Además, se depuraron los no estratégicos, racionalizándolos a las actividades que constituyen prioridades de política pública en los territorios.
En cuanto a los tributos ambientales, se han establecido gravámenes al carbono y los plásticos de un solo uso.
Entre otros aspectos, la norma establece elementos contra la evasión fiscal y establece que las condiciones para la prescripción penal de la evasión se vuelven más restrictivas.
Indica que en zonas francas habrá impuesto ponderado del 20 por ciento para ventas al exterior y 35 por ciento para el mercado interno.
Se exceptuarán productos energéticos que se vendan al mercado interno como las zonas francas costa afuera de gas, la refinación de petróleo y la producción de biocombustibles.
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