La iniciativa busca sustituir al Consejo Nacional de ciencia y tecnología (Conacyt) con el cual ha habido poco entendimiento con el gobierno y conatos de corrupción y burocratismo.
La propuesta define que el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se integra por el Consejo Nacional, la Secretaría de Educación Pública y demás dependencias federales.
El requisito es que fomenten, realicen o apoyen actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, así como las universidades e instituciones de educación superior, entre otros.
También establece que los recursos públicos que destine el gobierno federal para el fomento y apoyo de las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se canalizarán de manera directa a personas becarias humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras.
En tanto, las dependencias se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto en dicha Ley.
También se plantean reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y a la Ley de Planeación con lo cual se abroga la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En la argumentación de la propuesta se indica que el Conacyt creó fideicomisos millonarios, y del año 2001 al 2018, “bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”.
Además, transfirió a empresas privadas más de 45 mil millones de pesos, “en su mayoría, eran grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado”.
De igual forma, se apunta que “el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica.
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