«La crisis en Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ponen en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano», expresó por medio de su cuenta en Twitter.
La Fiscalía peruana pidió 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Castillo, quien hoy cumple una semana de detención preliminar por anunciar la disolución del Congreso de la República.
El lunes último el parlamento unicameral, con mayoría adversa a Castillo, eliminó el requisito de antejuicio al expresidente y allanó el camino a la prisión preventiva, con lo cual quedó privado de la inmunidad que no se aplicó para su captura por una interpretación, según la cual, cometió delito flagrante que ameritaba la medida.
Ese mismo día, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo.
«Para el mundo no es novedad que el Presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica», manifestaron en un comunicado conjunto.
Añadieron que Castillo es objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.
Los cuatro mandatarios exhortaron a quienes integran las instituciones de ese país de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.
«Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado», subrayaron.
mgt/otf
