De acuerdo con la decisión del gabinete publicada en Gaceta oficial, la labor de la llamada Comisión 20 de Diciembre se extenderá hasta el 20 de enero de 2025 para así completar los trabajos de cuantificar e identificar a las personas que murieron durante la agresión.
Esta sería la quinta ocasión que el Ejecutivo extiende la vigencia de este organismo que fue creado el 19 de julio de 2016.
La extensión del tiempo de trabajo de ese equipo se adopta luego de una solicitud de la comisión para concluir el estudio e identificación antropológico forense de los restos óseos y las evidencias no biológicas asociadas, que incluyen exámenes complementarios.
En ese decreto, el presidente Laurentino Cortizo también reformuló la integración del organismo, tras el fallecimiento, en octubre pasado, de su titular, Juan Planells; y designó al frente a Rolando Murgas, indica ese texto.
El 31 de marzo de este año, Cortizo suscribió una ley que decreta el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas de la invasión militar estadounidense.
El gobernante firmó la norma jurídica y aseveró que con ella se salda una deuda con la Patria, con los caídos en aquel trágico evento a quienes recordamos con respeto y sus familiares, según expresó.
El proyecto legislativo 157 adopta medidas de concientización sobre aquella agresión que sembró caos, muerte y la destrucción de pueblos enteros, entre ellos el barrio mártir de El Chorrillo, en esta capital.
Establece también descanso obligatorio, pero sobre todo que el pabellón nacional será izado a media asta en todo el istmo y prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en todos los medios radiales y televisivos estatales y privados.
Indica además que no se permite el expendio, consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el país.
Los centros educativos de Panamá, precisa el instrumento legal, deberán realizar actos públicos en los cuales resalten las causas, motivos y consecuencias de los hechos ocurridos en esos trágicos acontecimientos.
El titular de la AN, Crispiano Adames, uno de los promotores de la ley, manifestó que todas las víctimas depositadas en fosas comunes merecen justicia y lo que se hace con esta propuesta es una forma de no olvidar el abuso cometido por Estados Unidos.
La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los caídos el 20 de Diciembre, Trinidad Ayola, aseveró que luego de más de 30 años de lucha y perseverancia, se ha hecho justicia y adelantó la construcción de un monumento de recordación a la trágica fecha.
Documentos desclasificados en Washington y publicados por primera vez en diciembre de 2019 señalan como saldo de la agresión unas 516 víctimas fatales, de ellas 314 militares. Pero en el istmo se habla de miles de muertos, la mayoría civiles.
La denominada Causa Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, lo que en realidad trajo fue la muerte y el caos al barrio mártir de El Chorrillo, entre otros en plena capital y en Colón, muchos de ellos desaparecidos por la artillería.
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