Según un comunicado divulgado por la cartera, el encuentro tuvo como objetivo crear una sinergia entre las autoridades del Estado y la sociedad civil para abordar mejor la problemática, calificada de ilegal y arbitraria.
El Gobierno reconoció que la situación es “grave y caótica” y no es normal que se encierre a la gente en prisiones y centros de detención sin que un juez decida sobre su destino.
Actualmente ocho de cada 10 reos sufren de prisión preventiva prolongada, lo que significa que, de los 11 mil 718 reclusos, solo mil 935 fueron condenados por un juez, reconoció a inicios de este mes la Dirección de Administración Penitenciaria.
Además, de las cifras, las condiciones de las prisiones en el país fueron responsables de más de un centenar de muertes durante este año como consecuencia de la falta de alimentos, atención médica y hacinamiento.
Un informe de Naciones Unidas denunció que las cárceles de Haití operan a cuádruple de su capacidad y los reos sobreviven en el espacio que ocupa una silla.
Por su parte, el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos deploró que los reclusos conviven en un espacio de 0,6 metros, siete veces menor que las normas estándares internacionales.
En diciembre Prophète adoptó medidas administrativas para combatir el hacinamiento en las cárceles y recordó a los fiscales y suplentes la obligación de visitar periódicamente los centros penitenciarios, así como velar por que sean seguros y limpios para que la salud de los reclusos no se vea afectada.
mgt/ane
