Los manifestantes llegaron hasta la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta ciudad con carteles con frases como ¡Fuera mafiosos! y ¡Basta de impunidad!”.
Además, reprodujeron fragmentos de la banda sonora de la película El Padrino y audios filtrados recientemente sobre violaciones cometidas por magistrados, exagentes de inteligencia, miembros de la administración porteña y empresarios de grandes medios de comunicación.
Entre las agrupaciones representadas en la demostración se encontraban el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Asociación de Trabajadores del Estado y el Frente Patria Grande.
Los ciudadanos denunciaron la participación del ministro de Justicia de esta capital, Marcelo D’ Alessandro, y el fiscal general Juan Bautista Mahiques en un viaje en un avión privado a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, donde pasaron un fin de semana en una mansión del empresario británico Joe Lewis.
Ambos estuvieron acompañados de jueces, exfuncionarios y antiguos miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, y son acusados también de incumplir con sus deberes.
El 7 de este mes, el Gobierno del presidente Alberto Fernández presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche y demandó que sean analizados los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar, así como lo relacionado a su financiamiento.
En caso de corroborarse que las actividades de los funcionarios no fueron solventadas por ellos, sino por privados (como el Grupo Clarín), estaríamos ante diversos delitos que el Ministerio Público tiene el deber de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, explicó el documento entregado a esa instancia.
Diputados del FdT consideraron inadmisible que D’ Alessandro y Mahiques continúen en sus cargos luego de quedar expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública, sancionada en 2020. Además, criticaron la decisión de la alianza Juntos por el Cambio de suspender la última sesión ordinaria de 2022 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual sería analizado el pedido de juicio político.
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