Según el informe de esa cartera, la compañía tiene 10 días hábiles para presentar el programa de preservación y gestión segura de las instalaciones, tal como lo estableció el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre.
El plan deberá incluir todas las acciones necesarias que conlleven la suspensión de las actividades mineras de manera eficiente, segura y con gestión de riesgos, salvo aquellas necesarias para preservar la capacidad productiva y operativa de la mina y sus componentes, de acuerdo con la disposición.
También deberá abordar, como mínimo, las obligaciones técnicas, medioambientales y sociales, el trato justo a empleados y contratistas, el cumplimiento de las normas laborales, de salud y seguridad, y la comunicación con el Ejecutivo.
En la resolución también se advierte que los efectos derivados del fallo de inconstitucionalidad no afectan los derechos del Estado sobre los minerales que han sido extraídos y de recibir las regalías. Tras cinco días desde el anuncio de cierre de operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá, luego que la empresa se negara a firmar un contrato con el Gobierno, trabajadores de la mina indicaron que por el momento todas las áreas de operación dentro de las 13 mil 600 hectáreas en el distrito Donoso, Colón, trabajan con normalidad.
Estudios solicitados por el Gobierno demostraron que Panamá solo recibía cinco por ciento por el cobro de la tasa impositiva efectiva, cuando en la industria minera internacional el pago promedio oscila entre el 40 y el 60 por ciento, precisan estadísticas oficiales.
La propuesta del Gobierno establecía un pago mínimo anual de 375 millones de dólares, siempre y cuando el precio de la libra del cobre no bajara de los 2.75 dólares. Al momento que Minera Panamá aceptó la propuesta que modificaba el esquema para el pago de regalías, el precio de la libra de cobre rondaba los 4.50 dólares.
Los 375 millones de dólares anuales estarían compuestos por el porcentaje de regalías que se establecería después de restar los gastos operaciones de los beneficios brutos y que oscilaría entre el 12 y 16 por ciento.
Sobre este litigio, la Cámara Minera de Panamá informó que el anuncio de cierre de la mina de cobre ha generado incertidumbre fuera de las fronteras sobre el ambiente para hacer inversiones en el país.
La mina de Cobre Panamá es la inversión privada más grande del país y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos.
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